La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro de 24 horas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para este jueves 7 de mayo, en rechazo a la eliminación de 1.000 funciones y a una reducción del 30% de la estructura del organismo. En paralelo, el gremio denunció la “militarización” del instituto por la presencia de Gendarmería Nacional en su sede central.
El conflicto escaló luego de que el sindicato calificara la avanzada oficial como una embestida del Gobierno nacional contra uno de los organismos públicos más emblemáticos del país. En la mira, además, está la amenaza de 700 despidos y la poda de un tercio de las 3.000 funciones actuales del INTI.
«Intentan destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad. Del INTI depende en buena medida el desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad», advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
Y fue más allá: «Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar», sentenció el dirigente, dejando abierta la puerta a un plan de lucha más profundo si no hay marcha atrás con las medidas.
Rechazo al argumento fiscal y defensa del carácter superavitario
El gremio cuestiona de plano el argumento oficial que intenta justificar el achique del organismo en clave de ajuste del gasto público. Según Aguiar, el Gobierno «no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario», remarcó.
La afirmación busca desmontar una de las principales narrativas oficiales sobre la necesidad de reducir el tamaño del Estado: la supuesta ineficiencia y el déficit crónico de las empresas y organismos públicos.
Capital humano y soberanía tecnológica en riesgo
Más allá de los números, Aguiar puso el foco en el impacto sobre el personal y la capacidad tecnológica del país. «No vamos a aceptar que se pierda personal altamente calificado como profesionales y técnicos de una enorme trayectoria en cuya formación invertimos todas las argentinas y los argentinos. Este vaciamiento que el Gobierno pretende llevar adelante generará consecuencias muy graves», detalló.
En ese marco, el sindicato advierte que el recorte no solo implica despidos y eliminación de funciones, sino también un retroceso en áreas clave para la soberanía tecnológica y el control de calidad de bienes y servicios que consume la población.
Áreas estratégicas alcanzadas por la Resolución 42/26
Las áreas que el Gobierno pretende desarticular mediante la Resolución 42/26 del organismo son consideradas de sensibilidad estratégica. Entre ellas se encuentran los ensayos microbiológicos clave en alimentos (detección de Salmonella, Escherichia coli, Listeria); el control de contaminantes como micotoxinas; y el análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos).
También figuran servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos); ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica y control de combustibles (naftas, gasoil); y componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).
Se trata, en síntesis, de áreas que impactan de manera directa en la salud pública, la seguridad industrial y el control de calidad de productos de consumo masivo.
Denuncia de “militarización” y advertencia al Gobierno
La tensión en el organismo ya había alcanzado un punto álgido la semana pasada, cuando el presidente del INTI, Miguel Romeo, debió retirarse escoltado por fuerzas de seguridad durante una visita al edificio central.
En ese contexto, el gremio denunció entonces, y reiteró ahora, lo que califica como una «militarización» del instituto. «Una presencia policial absolutamente desproporcionada mediante la cual se intenta que no se pueda ejercer el derecho de protestar», señaló Aguiar.
Y lanzó una advertencia grave: «Hacemos directamente responsable al Gobierno nacional por cualquier hecho que el próximo jueves hubiera que lamentar», enfatizó, en alusión a la jornada de paro y movilización.
Según ATE, la militarización se materializa en la presencia de Gendarmería Nacional en el edificio central del INTI, un despliegue que el sindicato considera intimidatorio y como una respuesta desmedida frente a un conflicto gremial.
Plan de lucha y un nuevo frente en la conflictividad estatal
El paro de este jueves no será un hecho aislado. ATE anunció que realizará una nueva asamblea el martes 12 de mayo en la sede del INTI para definir la continuidad del plan de acción.
La advertencia de Aguiar de que «las medidas se van a incrementar» sugiere que, de no mediar una respuesta del Gobierno, el conflicto podría profundizarse con nuevas medidas de fuerza, incluso por tiempo indeterminado.
En un contexto más amplio, el caso del INTI se suma a una creciente ola de protestas estatales. Los trabajadores de Radio Nacional ya llevan adelante un plan de lucha con movilizaciones; los docentes universitarios preparan su cuarta marcha federal para el 12 de mayo; y la CGT mantiene su pulseada judicial contra la reforma laboral.
Con su paro de 24 horas, el INTI se convierte así en un nuevo frente de conflicto que el Gobierno deberá gestionar en medio de una conflictividad social en ascenso.
