El rechazo de ATE Entre Ríos a la criminalización de la protesta sindical marcó la respuesta del gremio estatal a la denuncia presentada por el Gobierno de Entre Ríos contra integrantes del sindicato, tras la movilización realizada este martes en la Dirección General de Recursos Humanos.
Desde la conducción provincial del sindicato remarcaron que se trató de una “manifestación gremial en demanda de respuestas que el Gobierno debe dar, precisamente, a través de la Dirección de Recursos Humanos y de la Secretaría de Trabajo”, al poner el foco en los canales institucionales que exigen respuestas.
En ese marco, detallaron que en la protesta “se reclamó por trámites demorados, derechos laborales, carrera administrativa, salarios y la urgente apertura de paritarias. Son reclamos legítimos que el Ejecutivo conoce y viene postergando”, enfatizaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Derecho a peticionar y cuestionamiento al Gobierno
El sindicato reivindicó los derechos constitucionales a peticionar ante las autoridades y a ejercer la protesta sindical, al sostener: “Cuando un Gobierno no brinda respuestas para los trabajadores en tiempo y forma, y éstos reclaman fervientemente por ello, no puede pretender reemplazar el diálogo y la solución de los conflictos por la criminalización de quienes demandan soluciones concretas de las autoridades”, advirtió la entidad.
En un comunicado, ATE Entre Ríos indicó que “viene denunciando públicamente la clara animosidad y desidia que el Gobierno provincial ha demostrado hacia nuestra organización sindical, así como una definición política de total supresión de nuestro gremio, que en los hechos implica privilegiar y alimentar exclusivamente el vínculo y las decisiones a adoptarse junto a otra organización sindical”, al denunciar un trato desigual.
La organización estatal consideró que “esta actitud no es inocua: busca deliberadamente debilitar la representación que ejerce ATE de sus trabajadores, generando desigualdades sindicales y perjudica al colectivo de trabajadores, que son quienes necesitan una verdadera defensa de sus derechos laborales”, al vincular la estrategia oficial con un intento de restarle fuerza a la entidad.
Cuestionamientos a Milei y Frigerio
El gremio ubicó el conflicto en un escenario político más amplio y advirtió: “No podemos dejar de señalar, además, el contexto en el que se producen estos hechos. La política que sostienen Milei y Frigerio violenta día a día al pueblo trabajador, deteriorando salarios, condiciones laborales, empleo público y pulverizando derechos conquistados”, al responsabilizar tanto al Gobierno nacional como al provincial.
En esa línea, la conducción provincial afirmó: “Frente a esas políticas de desguace y debilitamiento, la organización y la protesta pacífica de los trabajadores no son violencia: son una respuesta legítima y necesaria”, reivindicando la acción gremial frente al ajuste.
ATE negó incidentes y defendió la protesta
La respuesta del sindicato se produjo luego de que el Gobierno de Entre Ríos denunciara penalmente a ATE por supuestos “graves incidentes” durante la movilización en Recursos Humanos, lo que fue rechazado por la organización.
En ese sentido, desde el gremio remarcaron que la manifestación llevada a cabo “no solo cumplió con todos los requisitos legales, sino que fue llevada adelante de manera firme, contundente y enérgica, pero pacífica, no cometiendo en ningún momento acciones que puedan ser catalogadas como intimidantes, amenazantes y dañosas hacia personas y bienes del lugar como se quiere falsamente instalar”, al desmentir la versión oficial.
Finalmente, aclararon que los responsables de las áreas donde se desarrolló la manifestación no se encontraban en sus lugares de trabajo, incluida la funcionaria que radicó la denuncia, quien no estuvo presente durante los hechos, según indicaron en el escrito.
Defensa de la protesta sindical y llamado a la Justicia
En el tramo final del comunicado, ATE Entre Ríos aseguró que “se pone a disposición de la Justicia para aportar todos los elementos y aclaraciones que sea menester a fin de que se permita esclarecer lo ocurrido y determinar la verdad de los hechos”, marcando su postura frente a la causa penal iniciada.
Al mismo tiempo, el sindicato sostuvo su estrategia de confrontación gremial: “Sostenemos firmemente el reclamo y vamos a seguir defendiendo el derecho legítimo de los trabajadores a reclamar, organizarse, peticionar ante las autoridades y ejercer la protesta sindical cuando no haya respuesta de parte de quienes tienen la obligación de darlas. No vamos a aceptar que se criminalice nunca la protesta para sustituir y ocultar la falta de respuestas de parte del gobierno de turno. Tampoco que se utilicen las instituciones del Estado para perseguir y castigar a quienes ejercen legítima y razonablemente sus derechos”, concluyó la organización estatal.
Fuente: APF Digital.-
