La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos salió al cruce de la reforma de la Ley de Concesiones y expresó su rechazo a la concesión de servicios públicos esenciales a manos de terceros, públicos o privados, nacionales o extranjeros.
El gremio apuntó contra el dictamen emitido por los diputados del bloque oficialista Juntos por Entre Ríos, al que acusó de impulsar una modificación que habilita la transferencia a manos privadas o extranjeras de áreas clave como la salud, la educación, la seguridad pública y la administración de justicia.
La modificación propuesta contempla la posibilidad de otorgar concesiones a terceros para la gestión de la enseñanza en todos sus niveles, servicios sanitarios esenciales, protección civil y el sistema penitenciario, entre otras atribuciones que hoy son responsabilidad directa del Estado.
El pronunciamiento de ATE ante el avance del dictamen
Frente al avance del dictamen en la comisión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, desde ATE difundieron un comunicado de prensa donde fijaron su posición institucional y remarcaron que “la modificación habilita a transferir a manos de terceros públicos o privados, nacionales o extranjeros, actividades y funciones irrenunciables del Estado”.
En ese marco, el sindicato cuestionó los argumentos oficiales y sostuvo que, “bajo la excusa de buscar ‘herramientas’ para el Poder Ejecutivo, pretenden entregar a la lógica del lucro mercantilista funciones que la propia Constitución reserva al Estado”.
Sobre el alcance de la reforma, el texto advirtió que “la iniciativa propone concesionar la educación pública en todos sus niveles, salud pública y servicios sanitarios esenciales, seguridad pública y protección civil, servicios vinculados a la administración de justicia y el sistema penitenciario”.
El comunicado fue especialmente duro con el oficialismo legislativo y marcó que “el gremio repudia las expresiones y la actitud de las y los legisladores oficialistas que pretenden naturalizar la entrega del patrimonio público, admitiendo sin tapujos que este proyecto responde a un pedido directo del Poder Ejecutivo y que abren el camino para que capitales privados —incluso extranjeros— pasen a gestionar servicios que deben ser públicos”.
Al repasar antecedentes, desde el sindicato recordaron que “la experiencia histórica en nuestro país y en la provincia demuestra que las privatizaciones y concesiones de servicios públicos solo trajeron desempleo, vaciamiento, deterioro del servicio y pérdidas millonarias para el erario público”.
En el tramo final del pronunciamiento, ATE Entre Ríos hizo un llamado directo a la Legislatura y reclamó que “ATE llama a la reflexión a la totalidad de las y los legisladores para que detengan este atropello inconstitucional antes de su tratamiento definitivo. Salud, Educación, Seguridad y Justicia no son mercancías, son derechos humanos que el Estado debe garantizar”.
De cara a la proximidad del tratamiento del proyecto en el recinto legislativo, las organizaciones sindicales de la provincia continúan en estado de alerta y evalúan las acciones a seguir para frenar el avance de la reforma de la Ley de Concesiones.
