La presidencia de Abelardo de la Espriella en Colombia quedó marcada por la violencia a solo un día de su asunción: un ataque con explosivos sacudió el sudoeste del país, poco después de que el nuevo mandatario anunciara el fin del diálogo con los grupos armados.
El hecho se registró en el peaje de Mandiva, sobre la vía Panamericana, la principal arteria vial del suroeste colombiano. Dos vigilantes que custodiaban la infraestructura resultaron con heridas leves, confirmó el ejército.
Según el reporte castrense, uno de los vigilantes relató que se trató de la detonación de un vehículo abandonado por una persona que luego huyó en motocicleta. La hipótesis inicial apunta a un carro bomba activado a distancia, en una zona clave para la circulación entre regiones.
De acuerdo con información preliminar del ejército, el ataque habría sido perpetrado por las facciones Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, pertenecientes a las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se sumaron al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.
En tanto, militares resguardan la zona y, junto a perros entrenados, recorren el área para descartar la presencia de otros artefactos explosivos. El operativo de seguridad se mantiene mientras se evalúan daños y se recolectan pruebas, informó el ejército en su cuenta de X.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, condenó el “atentado terrorista” y aseguró que “Colombia no se va a arrodillar ante la violencia ni va a permitir que destruyan las obras que conectan a nuestras regiones”, afirmó. Añadió que ya se trabaja para restablecer la movilidad en la zona afectada.
El ataque ocurrió en la vía que comunica a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, cuya capital, Cali, fue sede del acto de asunción de De la Espriella. Allí, en su ceremonia inaugural, el presidente delineó su política de seguridad y advirtió a los grupos ilegales que “tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública”, advirtió.
Tras la posesión, se realizó en Cali el primer consejo de seguridad del nuevo gobierno. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se decidió articular las fuerzas de seguridad para “ejercer un verdadero control sobre las economías ilícitas y recuperar la seguridad de nuestros territorios”, explicó.
Traslado de prisioneros y fin del diálogo
En paralelo al ataque, De la Espriella profundizó su giro de mano dura. El presidente, que descartó el diálogo con los armados impulsado por su antecesor Gustavo Petro, anunció el traslado de 117 prisioneros vinculados a los procesos de paz del anterior gobierno hacia prisiones de máxima seguridad.
Se trata de una medida que busca “recuperar el control permanente de las cárceles” y “contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para coordinar acciones ilícitas desde las prisiones”, citó en un comunicado el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC).
Los presos fueron llevados a ocho centros penitenciarios de alta seguridad en las ciudades de Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne, detalló el organismo.
El gobierno ejercerá el control en las prisiones “con autoridad y dentro del marco constitucional”, aseguró la institución estatal, en línea con el discurso de orden que marcó el inicio de la nueva administración.
“La opción del diálogo (con los rebeldes) está completamente agotada”, aseguró De la Espriella el viernes a la tarde ante un centenar de militares en el Cantón Militar Pichincha de Cali, en su discurso inaugural, mientras los invitados a la ceremonia de investidura seguían el acto desde la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.
De la Espriella cuestionó el trato que el Estado ha dado históricamente a los grupos armados y aseguró que su gobierno asumirá una posición más confrontativa frente al crimen, con énfasis en la presencia territorial de las fuerzas de seguridad.
Ayuda de Estados Unidos y ofensiva antidrogas
En ese marco, la presidencia de Abelardo de la Espriella en Colombia contará con la asistencia directa de Washington. Estados Unidos anunció su intención de proporcionar mil millones de dólares en ayuda para las políticas económicas y de seguridad del nuevo presidente, aliado de Donald Trump.
“Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene la intención de anunciar mil millones de dólares en ayuda como parte de un paquete de seguridad para apoyar al gobierno del presidente de la Espriella en la implementación de nuestros objetivos comunes”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.
El combate al narcotráfico será otro de los frentes centrales de la política de seguridad del nuevo mandatario colombiano. De hecho, anunció que retomará las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos mediante el uso de nuevos herbicidas, una medida que durante años ha generado controversia en Colombia por sus posibles efectos ambientales y sanitarios.
“Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”, aseguró en su discurso del viernes.
El mandatario vinculó directamente el crecimiento de los cultivos de coca con la expansión de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al conflicto armado. “La coca ha traído muerte, corrupción y destrucción”, afirmó, y sostuvo que los cultivos también han contribuido a la destrucción de las selvas, al desplazamiento de comunidades campesinas y al fortalecimiento del “combustible para el narcoterrorismo”, remarcó.
De acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia registró en 2024 unas 261.000 hectáreas cultivadas con coca, un incremento de 3,5 % frente al año anterior, un dato que el nuevo gobierno toma como argumento para justificar la ofensiva.
