Siete años después de citarlos a indagatoria, el magistrado Ariel Lijo procesó a dos exgerentes de Télam por presuntas irregularidades en el servicio de comedor para los empleados de la agencia estatal durante los años 2016 y 2017.
La medida judicial recayó sobre Juan Carlos Gerding, exgerente general, y Carlos Villoldo, exgerente de Relaciones Laborales y Logística de la firma que en 2024 fue reconvertida por el presidente Javier Milei.
La resolución del Juzgado Federal también alcanzó a los prestadores Ernesto Cardillo y su expareja Paloma López Carrión. De acuerdo al fallo, los exdirectivos seleccionaron al proveedor de manera discrecional sin realizar los procedimientos de contratación previstos por Télam.
En su escrito judicial, el magistrado remarcó que actuaron “a través de un procedimiento irregular, apartándose de las modalidades previstas por el Reglamento de Compras y Contrataciones de Télam e interesándose de manera directa en el direccionamiento, la adjudicación del servicio y la liquidación de pagos”.
El vínculo contractual investigado comenzó el 1° de noviembre de 2016, en el marco de un conflicto operativo interno, prescindiendo por completo de licitaciones públicas, contratos formales u órdenes de compra habilitadas.
Durante ese período, el Estado desembolsó una suma de $2.056.730, equivalente a unos US$ 135.000 de la época. El primer comprobante emitido por $90.610 fue objetado por el sector de Finanzas, pero Gerding ordenó de manera taxativa que se abonara.
A partir de ese conflicto administrativo, los pagos dejaron de pasar por la oficina de control contable y se aprobaron de forma directa por los gerentes imputados. La Justicia detectó facturaciones que oscilaban entre $50.000 y $194.000 que se fraccionaban para eludir los montos topes que exigían la apertura de una licitación formal.
La transformación de la empresa estatal
La histórica agencia informativa dejó de operar como tal en marzo de 2024 tras la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, que derivó en la desvinculación de 400 trabajadores entre periodistas y administrativos.
Posteriormente, la estructura se dividió en la Agencia de Publicidad del Estado (APESA) con casi 200 agentes en la sede de calle Bolívar, mientras que otra nómina similar de empleados fue trasladada a Radio y Televisión Argentina (RTA).
El origen de la causa judicial
El expediente penal tuvo su inicio en junio de 2016 tras una denuncia radicada por el Sindicato de Trabajadores de Prensa (SiTraPren).
En aquel período, el gremio había propuesto adquirir equipamiento eléctrico para sortear un corte en el suministro de gas natural y evitar la tercerización de la cocina, labor que históricamente realizaban trabajadores de planta de la empresa.
Las autoridades gerenciales de la época justificaron la contratación directa de los responsables de la firma La Cocina del Virrey, argumentando sobreprecios en insumos previos, a pesar de que los prestadores no cumplían los requerimientos de la normativa vigente.
Al fundamentar la acusación por negociaciones incompatibles, el juzgado remarcó que las facturas “no registraban un detalle preciso de la cantidad de menús consumidos por los trabajadores de la compañía, de los platos vendidos o de la materia prima utilizada para su confección”, advirtió.
Pese a que los imputados alegaron haber concretado una compulsa de precios con presupuestos testigos, los elementos probatorios determinaron el procesamiento formal de los cuatro implicados por las maniobras administrativas desplegadas.
