Ariel Lijo, ¿“Justiciero” del Poder o apremiado por sus colegas?

ESPECIAL (por Francisco Pancho Calderón).- El juez federal Ariel Lijo ordenó este viernes la detención de Amado Boudou, ex vicepresidente la Nación. Una noticia que causó conmoción en la mañana de hoy, montándose un show mediático de alto impacto. Asco, es la primera sensación.

 

No es la primera vez que lo digo, y el Archivo de Cuestión Entrerriana no miente: Boudou es uno de los tantos personajes nefastos del Kirchnerismo, uno de los tantos actores  funestos de la política argentina en la última década, responsable de tanta inoperancia, incompetencia y manejos -básicamente- dudosos, en una estructura de Poder sospechada de diversos actos espurios.

 

Boudou no logró, ni siquiera durante el propio Gobierno Kirchnerista, despojarse del manto de desconfianza que lo mancillaba, aun siendo nada más y nada menos que vicepresidente de la Nación.

Paradójicamente, la Justicia que hoy lo aprehende concedió llamativa impunidad a él y a tantos funcionarios inculpados de oscuros actos, usufructuando tal vez esa sensación inherente a que la Justicia en la Argentina es lenta y más lenta puede proceder cuando hay imperio y dinero en juego.

 

Obviamente que sería infame si concibo que todos los jueces son corruptos. No obstante, me atrevo a invocar y/o tratar de corruptos a quienes deshonran tan magnánima potestad de ejercer ecuanimidad.

Por antonomasia, Comodoro Py genera la percepción de estar sembrado de sicarios de la autoridad política de turno. Magistrados que no dignifican la investidura ostentada, y desprotegen la Ley y la Constitución.

 

 

Precisamente, la captura de Boudou, de De Vido, no se atiene a cuestiones de Derecho, sino que constituyen una maniobra para conservar privilegios, franquicias, inmunidades, y proteger celosamente sus inflados salarios.

Una Justicia impartida de modo peculiar beneficiando al Poder, a los altos mandos.

 

Pero no debería causar tanta atribulación. Es la misma actitud de dos años atrás (o más…), aunque cambiando obsecuencia indebida por abrupta, desmesurada “integridad” omitida tiempo atrás.

Basta revisar nuestros contenidos: el 1° de noviembre publicamos http://cuestionentrerriana.com.ar/denuncian-a-los-jueces-lijo-y-rafecas-por-cajonear-causas-de-corrupcion/ que los jueces federales Ariel Lijo y Daniel Rafecas fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por incurrir en un supuesto mal desempeño, al registrar “demoras excesivas en la tramitación de causas” que tienen a funcionarios públicos como imputados en casos de corrupción.

 

 

Concretamente, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la agrupación Será Justicia y la organización Usina de Justicia indicaron que perciben que los juzgados que manejan Lijo y Rafecas registran “una demora excesiva en la tramitación de causas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso”.

 

De repente,  intempestivamente, Lijo interpretó que Boudou y sus cómplices “podían entorpecer la investigación, o pueden hacer desaparecer bienes mal habidos y por eso los manda a detener”, aplicando un fallo desatinado e indefinido que coerce las más primordiales garantías constitucionales.

Una conducta inapropiada para un juez de la Nación, que no puede tolerarse en un Estado de Derecho.

 

Y para ser más categórico con mi calificación: no me interesa ver a Boudou libre, pero repudio con plena repulsión a estos jueces que estuvieron inmutables, impertérritos durante tantos años y de repente esgrimen un desmesurado rigor procesal, deteniendo, incomunicando, embargando o inhibiendo y aplicando toda medida represiva y/o restrictiva que autorice el Código de Procedimientos también vigente una década atrás.

Amén de constituirse en una arbitrariedad, funda un atropello jurídico.

 

Sostengo, no defiendo a Boudou. Me inquieta el Estado de Derecho, de todos los argentinos ante la conducta escabrosa de un puñado de jueces, que en sus manos tienen las causas más notables y sensibles de la República.

Quiero a todos los corruptos presos. A los del Kirchnerismo, y a los de una Oposición que calló sistemáticamente durante doce años, o que se limitó a la diatriba, a la invectiva, a la denuncia mediática, a la perorata, al sermón pletórico de escarnio, mientras sus bolsillos se abultaban pese a integrar la tribuna crítica.

 

Quiero a todos los deshonestos entre las rejas. A TODOS… Pero mediante un proceso que se ciña a las pautas judiciales propias de un sistema de leyes escritas e instituciones ordenado en torno de una Constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a las normas de esta.

Cualquier medida o acción debe estar sujeta a una regla jurídica escrita y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco legal preestablecido que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos.

 

Por lo tanto, toda decisión de sus órganos de Gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por Ley y guiados por absoluto acatamiento a los Derechos Fundamentales, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público.