La Municipalidad de Concordia acumula casi 400 desvinculaciones de trabajadores desde el inicio de la gestión de Francisco Azcué (Juntos por Entre Ríos), según denunciaron públicamente la concejala del PJ Claudia Villalba y el secretario de Organización de ATE Concordia, Cristian Selva. Ambos hablan de “un plan sistemático de despidos” que se ejecuta sin previo aviso y con métodos que califican como “inhumanos”.
En declaraciones a Diario Junio, los referentes gremiales y políticos advirtieron que las cesantías se comunican sin notificación formal y, en numerosos casos, mediante mensajes de WhatsApp, o incluso de manera verbal, cuando el trabajador llega a su puesto y se encuentra con que ya no puede marcar asistencia.
Un goteo que se aceleró a fin de año
Villalba detalló que los despidos comenzaron con un goteo que se fue intensificando y tuvo un salto en diciembre de 2025, cuando fueron desvinculados unos 140 trabajadores municipales.
En las últimas horas, agregó, se sumó alrededor de un centenar de nuevos cesanteados, lo que eleva el total a casi 400 personas fuera de la planta municipal desde el inicio de la actual gestión.
El listado de áreas afectadas incluye servicios esenciales como Obras Públicas, Salud, Tránsito, Seguridad Ciudadana, la Terminal de Ómnibus, el Ente Costanera, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Turismo.
Para los denunciantes, esta dispersión de las cesantías demuestra que no se trata de una reestructuración focalizada, sino de un ajuste generalizado en el municipio.
“Una forma inhumana de notificarlos”
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es el mecanismo utilizado para comunicar los despidos. Selva afirmó que no hubo notificaciones escritas ni formales.
“Los empleados se enteraron mediante mensajes de WhatsApp que les enviaron ayer o esta mañana. Cuando fueron a marcar, se encontraron que no podían accionar la máquina”, relató el dirigente de ATE, al describir el modo en que muchos trabajadores tomaron conocimiento de su situación.
También, agregó, hubo notificaciones verbales de parte de encargados, con un lacónico: “No vengas más”, sin mayores explicaciones ni documentación respaldatoria.
Villalba fue tajante al calificar el procedimiento: “Es una forma inhumana de notificarlos, esperando hasta el último día para avisarles o encontrarse simplemente con que no pueden marcar”, enfatizó.
La concejala adelantó que llevará el tema a la sesión del Concejo Municipal de este miércoles, con el objetivo de que el cuerpo deliberativo discuta la situación y exija respuestas al Ejecutivo.
Antigüedad, sueldos bajos y familias en riesgo
Más allá de las cifras globales, Selva puso el foco en la situación personal de los despedidos. Señaló que hay trabajadores con nueve y ocho años de antigüedad, muchos de ellos sostén de hogar.
“Hay compañeros que tienen nueve años, hay otros que tienen ocho años de antigüedad”, precisó, y remarcó que la mayoría percibía sueldos que rondaban los $700.000, montos que, subrayó, se ubican por debajo de la línea de pobreza vigente.
Villalba describió el impacto social de las cesantías: “Son mujeres con dos o tres hijos, que los tienen que mandar a la escuela, que tienen que alquilar y tienen que vivir. Pero, de repente, fueron a trabajar y les informaron que hoy no se tienen que presentar”, graficó.
Silencio sindical y acusaciones a la intendencia
Desde el medio se destacó además el mutismo de los sindicatos municipales STEMC y UOEMC. A diferencia de lo ocurrido en enero, cuando se resolvió una manifestación y la toma del Corralón Municipal, esta vez no hubo pronunciamientos públicos ni siquiera en redes sociales.
Selva expresó su sorpresa: “Nadie puede decir que no está enterado”, sostuvo, aludiendo a la magnitud de los despidos.
Villalba fue más allá y planteó que, desde la intendencia, “vieron que podían avanzar con los despidos porque observaron que los gremios lo permitían”, dejando a los trabajadores a la espera de promesas de reincorporación que, según denunció, nunca se concretan.
Austeridad, contrataciones y servicios resentidos
La concejala del PJ cuestionó el discurso de “austeridad” que exhibe el Ejecutivo municipal, al considerar que existe una contradicción entre el ajuste en el personal y el gasto en otras áreas.
En ese sentido, apuntó contra la contratación de la empresa VITSA, a la que el municipio le otorgó $250 millones para la recolección de residuos. “Todos los municipios tienen problemas financieros, pero ninguno despide empleados. Y este municipio no está tan mal”, sostuvo.
Villalba denunció que, mientras se producen despidos, se realiza un “despilfarro de sumas millonarias” con la contratación de la firma cordobesa, lo que a su entender desnuda la inconsistencia del argumento de la austeridad.
Como ejemplo del impacto en los servicios, mencionó el Centro de Salud del barrio San Agustín, donde un pediatra que fue a atender se encontró con que no había enfermera para realizar el control de peso y talla.
“Está faltando personal en los Centros de Salud”, indicó la edil, y agregó que los odontólogos no tienen insumos para realizar arreglos y solo pueden hacer extracciones, lo que limita severamente la atención.
CDI sin insumos y personal sobrante por recorte de prestaciones
En relación con los Centros de Desarrollo Infantil, Villalba cuestionó el argumento oficial de que el personal no cumplía funciones. A su criterio, esa explicación es falaz.
“Dejaron de enviar los insumos para cocinar. Si usted tiene un personal que cocina para 70 niños, pero después achica a 20 y, encima, quita el almuerzo y el desayuno, por supuesto que le va a sobrar ese personal”, planteó, aludiendo a un recorte de prestaciones que termina justificando las cesantías.
Reclamos sin respuesta y pocas chances de reincorporación
Frente a este escenario, desde ATE informaron que presentaron un pedido de audiencia con el intendente Francisco Azcué, que hasta el momento no obtuvo respuesta.
Además, anunciaron que mantendrán una reunión con los abogados del gremio para presentar un reclamo por la vía legal, en busca de algún tipo de reparación para los despedidos.
No obstante, Villalba advirtió que, en experiencias previas, la Justicia no habilitó la reincorporación laboral en ningún caso. “Esta gente queda sin trabajo. La opción que les queda es reclamar una indemnización, pero obtienen un mes de sueldo por cada año trabajado a los dos o tres años de presentar la demanda”, explicó.
La concejala concluyó con un llamado a la responsabilidad política y al rol de control institucional: “La oposición debe decir algo”, reclamó, al exigir que el tema de los despidos municipales en Concordia sea abordado de manera urgente en el ámbito público y legislativo.
