La Argentina rechazó de manera categórica la posibilidad de ser declarada en desacato en el juicio que enfrenta en Nueva York por la expropiación de YPF, luego de que Burford Capital, el fondo que financia las demandas de Petersen y Eton, advirtiera que podría solicitarle a la jueza Loretta Preska sanciones contra el país, una medida que habilitaría eventuales embargos de activos.
La amenaza de Burford se basa en el proceso de discovery, mediante el cual busca acceder a comunicaciones de funcionarios y exautoridades argentinas con el objetivo de identificar bienes susceptibles de embargo, en el marco de la sentencia adversa que condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares. Según el fondo, el Estado no habría cumplido en tiempo y forma con la entrega de esa información.
Desde la Procuración del Tesoro, sin embargo, negaron de plano esa versión y aseguraron que Argentina no se encuentra en desacato. “El país está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”, afirmaron, al tiempo que señalaron que las acusaciones “son falsas y carecen de todo sustento jurídico”.
Incluso, desde la defensa del Estado acusaron a Burford de atacar a la Argentina como reacción a un mal momento procesal, y citaron como indicio la caída del 29 % de las acciones del fondo en lo que va del año.
En relación con la orden de discovery, la Procuración recordó que esa medida fue apelada por considerarla ilegítima e ilegal, tanto bajo el derecho argentino como bajo el derecho estadounidense, y subrayó que el país actúa de buena fe. En ese marco, indicaron que se vienen realizando entregas parciales y periódicas de información, y que se colabora activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados, destacando que la gran mayoría ha colaborado de manera voluntaria.
Fuentes oficiales calificaron la orden como “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano”, en contradicción con el derecho internacional público y con las normas básicas que rigen las relaciones entre Estados. Según explicaron, esta estrategia busca desviar la atención del escenario adverso que atraviesa la parte actora en el litigio.
Asimismo, desde la Procuración desmintieron las versiones sobre eventuales sanciones. “Hablar de desacato es absolutamente falso y especulativo”, enfatizaron.
Actualmente, la Argentina cuenta con una prórroga hasta el 10 de enero de 2026 para la presentación de correos electrónicos. Además, se acordó que a partir del 15 de enero ambas partes intercambiarán escritos conforme a un cronograma procesal, quedando cualquier eventual decisión exclusivamente sujeta a la evaluación del tribunal.
Finalmente, la defensa recordó que el país aguarda la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la sentencia de fondo, un fallo que podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena millonaria contra la Argentina.
