Argentina enfrenta un segundo embargo internacional por deudas de bonos y cupones PBI
La Argentina enfrenta una semana difícil en los tribunales internacionales. Este miércoles, bonistas que demandaron al país por el pago del cupón PBI en Londres lograron ejecutar una garantía de US$ 325 millones que Argentina había dejado para apelar el fallo en su contra.
El viernes, en Nueva York, la jueza Loretta Preska -quien centraliza los casos contra Argentina en el Distrito Sur- habilitó el embargo de US$ 210 millones para que fondos buitre que no participaron en los canjes de deuda puedan cobrar parte de las deudas por el default de 2001.
La jueza Loretta Preska aprobó el embargo de USD 210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. Además, congeló otros USD 100 millones hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default, Attestor Master y Bainbridge Fund, resuelvan la disputa por estos fondos.
Esos fondos embargados pertenecen a una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal de Estados Unidos, que originalmente se utilizó para garantizar el pago de los bonos Brady. Attestor Master tenía deuda argentina vencida por US$ 460 millones y Bainbridge Fund, por US$ 100 millones.
También en Europa
Por otro lado, los tenedores de los bonos “cupón PBI”, que ganaron el juicio contra Argentina en el Reino Unido, ejecutaron la garantía de 313 millones de euros (unos US$ 325 millones) requerida para apelar el juicio por 1.330 millones de euros que Argentina había perdido en primera instancia. Con el rechazo de la apelación y la confirmación del fallo, el país deberá comenzar a pagar.
Los demandantes fueron los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, quienes tenían bonos atados al crecimiento. Es decir, recibían pagos solo si Argentina superaba un porcentaje de crecimiento económico. Estos fondos acusan al país de haber alterado la medición del PBI, lo que resultó en pagos menores en 2013.
Trabajo para la Procuración
Los dos embargos de activos argentinos por juicios perdidos a nivel internacional ocurren en la primera semana de trabajo del nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Santiago María Castro Videla, quien reemplazó al despedido Rodolfo Barra.
Este abogado de 43 años, formado en la Universidad Austral, asumirá desafíos pendientes, entre los que destaca el pago de US$ 16.000 millones tras perder el juicio por la estatización de YPF en 2012.