La ofensiva del Gobierno nacional contra la conducción del fútbol argentino sumó un capítulo judicial clave. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos.
La decisión habilita a los abogados de la ex AFIP a tener acceso total al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose en un acusador privado directo contra la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.
La causa nació de una denuncia presentada por la propia ARCA el pasado 12 de diciembre. En esa presentación, el ente recaudador alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes pero no lo giraba al Estado.
Recibida la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial requirió formalmente la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada.
Ante la gravedad de los hechos y el peligro en la demora de la recolección de pruebas, el juez Amarante tomó la decisión de habilitar la feria judicial de enero. Esta medida implica levantar el receso de verano para que el Juzgado siga operativo y tramite la causa con urgencia, permitiendo que se libren oficios y se tomen decisiones como la aceptación de la querella, que de otro modo hubieran esperado a febrero.
Según el documento oficial presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de $19.353.546.843,85.
El organismo detectó irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en un período que abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
El detalle de los números es contundente. Solo en concepto de retenciones de Ganancias no ingresadas, la deuda supera los $8.000 millones , mientras que por aportes de la Seguridad Social (lo que se les descuenta a los empleados de los clubes), la cifra escala a más de $8.600 millones.
En su presentación judicial, ARCA fue tajante sobre la maniobra: “La Asociación del Fútbol Argentino conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”. Para el fisco, esto no es una simple deuda, sino una “indebida apropiación de caudales públicos”, ya que esos fondos “no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”.
La situación de Tapia
Con la feria habilitada, el expediente avanza a ritmo acelerado. El fiscal Navas Rial ya imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia.
En tanto, el juez Amarante ya ordenó una batería de medidas de prueba para reconstruir la “ruta del dinero”: libró oficios al Banco Central (BCRA) y a todas las entidades bancarias que operan con la AFA para cotejar las fechas de los movimientos financieros y determinar si la entidad “bicicleteó” los fondos para obtener rendimientos financieros mientras postergaba sus obligaciones fiscales.
La defensa de la AFA, encabezada por el abogado Norberto Frontini, ya se presentó en el expediente, aunque por el momento no solicitó medidas ni presentó descargos de fondo.
