En una sesión atravesada por negociaciones de último minuto, el Senado aprobó en general el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el oficialismo, que endurece los desalojos, introduce cambios en el Código Procesal Civil y modifica las leyes de expropiaciones.
La votación en general cerró con 37 votos a favor y 33 en contra, pero el oficialismo llegó a ese número tras ceder en dos puntos sensibles: la eliminación de las restricciones a la venta de tierras a extranjeros y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
Sin el capítulo que eliminaba los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y sin el título que cambiaba la Ley de Manejo del Fuego de Máximo Kirchner, La Libertad Avanza consiguió destrabar el tratamiento del proyecto en el recinto.
“Se cambian los dictámenes porque se discute, porque este Senado no es una escribanía. Creemos en esto, escuchamos, debatimos y construimos consensos”, se adelantó la jefa libertaria Patricia Bullrich, antes de que se anunciara el retiro del capítulo vinculado al fuego.
“Plantear que así como informé del retiro del capítulo tercero del dictamen, incorporar el retiro del capítulo cuarto”, sentenció brevemente el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad es un proyecto elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Fue enviado al Congreso en marzo y obtuvo dictamen en mayo, pero su tratamiento en el recinto se postergó cuatro veces por falta de números, al punto de que el texto llegó a tener 17 versiones.
El proyecto original contemplaba seis temas y 53 artículos, pero terminó votándose una versión recortada de tres ejes y 37 artículos. En el debate en comisión ya se había eliminado por completo el capítulo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que transfería a las provincias la regularización de esos barrios, ante la resistencia de gobernadores que reclamaban fondos para asumir esa tarea.
Un día antes de la sesión, y sin forma de conseguir los votos necesarios, el oficialismo retiró el capítulo que modificaba el Régimen de Protección de Tierras Rurales y eliminaba los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Minutos antes de la votación, también dio marcha atrás con la modificación a la Ley de Manejo del Fuego.
La intención del oficialismo era derogar un artículo puntual incorporado a propuesta de Máximo Kirchner y aprobado en 2020, pero la falta de apoyos de aliados provinciales terminó por bloquear la jugada.
La tucumana Beatriz Ávila, la cordobesa Alejandra Vigo, la salteña Flavia Royón y los dos senadores de Santa Cruz se pronunciaron por el rechazo total del proyecto, complicando la ingeniería de votos de La Libertad Avanza.
A ese cuadro se sumó que la chubutense Edith Terenzi y el radical Maximiliano Abad adelantaron que votarían en contra del capítulo referido al fuego en particular. Otros legisladores, aunque no lo hicieron público, también avisaron que no acompañarían ese punto, y al oficialismo no le quedó otra opción que retirarlo.
Qué cambiaba el capítulo sobre la Ley de Manejo del Fuego
La norma vigente establece que, si un bosque nativo, implantado, áreas protegidas o humedales sufren un incendio accidental o intencional, se prohíbe por 60 años cambiar el uso que tenían esas superficies al momento del incendio, así como su loteo, fraccionamiento o la creación de cualquier emprendimiento inmobiliario distinto al arrendamiento y venta, tanto en tierras particulares como fiscales.
En el caso de zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, la prohibición rige por 30 años.
El proyecto del oficialismo mantenía la restricción solo para los bosques nativos, de acuerdo con lo ya establecido en la Ley de Bosques, y levantaba las prohibiciones para el resto de los casos.
Un debate caliente entre “doble castigo” y especulación inmobiliaria
El oficialismo defendió el cambio argumentando que buscaba evitar un “doble castigo” para el dueño del terreno incendiado, mientras que la oposición denunció que la reforma abría la puerta a la “especulación inmobiliaria”.
“Esas propiedades quedan paralizadas por una cantidad de tiempo que si uno lo considera, 30 o 60 años es literalmente la vida de una persona. No se está tratando de beneficiar a quien cometa un ilícito, sino evitar un doble castigo”, defendió Agustín Coto, miembro informante de La Libertad Avanza.
El radical Maximiliano Abad —uno de los pocos de la UCR que adelantó su voto en contra de ese punto— sostuvo que el capítulo “está viciado de inconstitucionalidad” y que “va a ser materia de discusión judicial” por el principio de no regresión ambiental.
“La Patria no se vende, no se incendia y no se privatiza. Son muy duros con los trabajadores, los inquilinos y quienes no tienen acceso a la vivienda, pero extremadamente generosos con los ricos”, se quejó Mariano Recalde, de Unión por la Patria.
Los federales de Convicción Federal (CF) y la salteña Flavia Royón también se manifestaron en contra, pero de la ley en su totalidad. “No se puede ser desregulador para el capital y regulador para el salario. La propiedad privada empieza por el bolsillo del trabajador”, despotricó el catamarqueño Guillermo Andrada, jefe del bloque CF.
Royón explicó que no acompañaba porque el proyecto contiene “errores conceptuales y técnicos que deben revisarse” y reclamó discutir las “verdaderas prioridades: reforma impositiva, previsional y coparticipación federal”.
“La inviolabilidad de la propiedad privada está garantizada por el artículo 17, y este proyecto está hecho para grupos y elites, y perjudica a los argentinos, así que no vengan con eufemismos. Por eso está llena esa plaza”, sostuvo José Mayans, en alusión a la marcha que se desarrollaba afuera del Congreso y que terminó con incidentes.
En el arranque de la sesión, Mayans fracasó en su intento de devolver el proyecto a comisión y levantar la sesión. Su moción fue sometida a votación y rechazada por 38 votos a 31.
Desalojos exprés y nuevas reglas para expropiaciones
Con los recortes ya acordados, quedaron aprobados los capítulos que regulan los desalojos, las expropiaciones y el del Registro de la Propiedad del Inmueble, que impulsa la digitalización de los trámites.
En materia de desalojos, la norma establece procesos más rápidos por vía sumarísima, la posibilidad de restitución anticipada del inmueble “en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente”, la modernización de los sistemas de notificación con la incorporación del domicilio electrónico y mayores facultades para que el juez identifique ocupantes y asegure la eficacia de sus decisiones.
En cuanto a las expropiaciones, se incorpora la exigencia de que la declaración de utilidad pública —que será de interpretación restrictiva— cumpla con estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
También se fijan criterios para determinar el valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización, y se crea un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objetivo de preservar su valor real hasta el momento del pago efectivo.
En el dictamen ya se había precisado que la actualización será por IPC más la tasa activa del Banco Nación para operaciones de descuento a 30 días.
Además, se estipula que “la indemnización por lucro cesante podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”. Y, en casos de ocupación temporánea por parte del Estado, se fija un límite de 90 días, prorrogables por única vez.
Sin virtualidad y con pases de factura internos
La sesión fue presidida por el puntano libertario Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Ecuador y Colombia.
En el inicio, el oficialismo logró impedir que la camporista Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama pudieran participar y votar de manera virtual. Sagasti había pedido esa modalidad por cursar un embarazo avanzado de riesgo, con indicación médica de no viajar, mientras que Fama se encuentra recién operado de la rodilla.
La sorpresa fue que el peronismo terminó avalando, junto al oficialismo y a mano alzada, que ninguno de los dos pudiera intervenir de forma remota. Se acordó presentar proyectos para evaluar el tema y discutirlo en la comisión de Asuntos Constitucionales.
En los pasillos, la lectura fue que la oposición advirtió que habilitar la virtualidad podía sentar un precedente que cambiara de manera permanente la dinámica del Congreso y eventualmente jugarle en contra en futuras votaciones ajustadas.
La defensa de Benegas Lynch y la polémica por “los tibios del medio”
También al comienzo de la sesión, Joaquín Benegas Lynch pidió una cuestión de privilegio para defenderse de la impugnación presentada en su contra por la peronista Juliana Di Tullio, quien lo acusó de “conflicto de intereses” por tener una empresa dedicada a la gestión de venta de tierras a extranjeros y sostuvo que no podía participar del debate de este proyecto, aunque ese capítulo finalmente fue retirado.
Benegas Lynch aseguró que existe “una ausencia de conflicto de interés particular” en su caso y “una falta de sustento jurídico” en la impugnación. En su descargo, apuntó incluso contra aliados de La Libertad Avanza: “El show mediático, el status quo, la presión de la izquierda más rabiosa, de la ignorancia de los tibios del medio, nos lleva a no poder hoy lamentablemente votar este capítulo”.
La frase sobre “los tibios del medio” cayó muy mal entre senadores de bancadas aliadas y promete abrir un nuevo frente de conflicto interno en el bloque libertario, que ya empezó a recibir reclamos por el tono del legislador.
