Aportes truchos: El juez Lijo investigará las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017
Al final, el juez federal Ariel Lijo será quien investigue la presunta comisión de delitos en el financiamiento de las campañas electorales de Cambiemos . Y lo hará por partida doble: deberá revisar los números de la carrera presidencial de 2015 y de la contienda legislativa de 2017.
Lijo quedó al frente de ambas investigaciones después que el fiscal federal Ramiro González concluyera que son competentes para asumir las dos pesquisas y dar por cerrada, así, una larga vuelta tribunalicia que incluyó a otros cinco jueces y sus respectivos fiscales en La Plata y Comodoro Py .
La concentración de ambas pesquisas resultó providencial para Lijo, que está a cargo, también, de investigar los presuntos delitos cometidos por el ministro Oscar Aguad y otros funcionarios de Cambiemos en perjuicio del Estado para favorecer a la familia Macri en el Correo Argentino, el magistrado mantiene una tensa relación desde hace años con la Casa Rosada, que impulsó una denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura por su patrimonio, para luego desestimarla.
En su dictamen, el fiscal González concluyó que él y Lijo son competentes para instruir ambas pesquisas sobre aportes truchos, lavado de dinero y falsedades documentales, aunque recomendó desarrollarlas por separado para evitar confusiones, ya que algunos nombres y prácticas se repiten en contiendas electorales sucesivas.
González también sugirió nuevas medidas de prueba para determinar si el equipo de Cambiemos delinquió, medidas que Lijo evaluará durante los próximos días y que se sumarían a las primeras órdenes que ya cursó para obtener los informes oficiales de ingresos y gastos de campaña de Cambiemos, e información sobre las empresas que prestaron servicios proselitistas a Macri.
La investigación sobre la campaña presidencial de 2015 comenzó en manos del fiscal federal con competencia electoral en la Capital, Jorge di Lello, quien chocó con la jueza María Servini de Cubría, que consideró que los posibles delitos cometidos excedían la competencia electoral y remitió el expediente a sorteo, que recayó en Lijo y González.
Al recibir ese primer expediente, González delineó que las maniobras bajo sospecha “consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias ‘en negro’ durante la campaña electoral, así como el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis- con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales”.