La explosión de expedientes vinculados al acceso a prestaciones médicas generó una crisis estructural, al punto de que los amparos de salud colapsan los juzgados y comprometen tanto la celeridad judicial como la sustentabilidad del sistema sanitario en la Argentina.
Frente a este escenario de alta litigiosidad, comenzó a ganar terreno en el ámbito legislativo y judicial la necesidad de establecer un fuero especializado y consolidar la mediación prejudicial.
Los números grafican la magnitud del problema: durante el primer semestre de 2026 ingresaron al fuero Civil y Comercial Federal unas 7.523 nuevas causas, de las cuales 4.990 correspondieron a amparos en materia sanitaria.
Esto significa que el 66% de los expedientes iniciados en la primera mitad del año apuntó contra obras sociales o empresas de medicina prepaga.
La tendencia no frenó y las fuentes judiciales advirtieron que, hacia agosto de 2026, la proporción de reclamos de salud sobre el total rozaba el 70%.
El salto resulta contundente frente a 2025, período en el cual los amparos sanitarios abarcaban aproximadamente el 45% del trabajo del fuero ordinario.
Los motivos del aluvión judicial
Detrás de esta avalancha judicial conviven reclamos urgentes como la continuidad de la cobertura tras la jubilación, medicamentos de altísimo costo, internaciones complejas y cuidadores domiciliarios.
Todas estas demandas exigen resoluciones inmediatas, pero deben ser atendidas por una estructura tradicional sobrecargada con litigios civiles y comerciales comunes.
En ese contexto, la Fundación de Estudios para la Salud (FESAL) y el Colegio de Abogados de San Martín (CASM) realizaron una jornada de debate interdisciplinario el 28 de septiembre de 2026.
El encuentro congregó a magistrados como Luciano Enrici y Antonio Di Renzo, legisladores como Pedro Borgini, y funcionarios como Ulises Giménez, Marcelo Di Salvo, Luis María Degrossi y Elizabeth Orrico, además de la especialista Patricia Porro Galante.
También expusieron los directivos Franco Caviglia, Facundo Rodríguez, Yanina Zanarini y Agustín Ciorciari, quienes coincidieron en que la judicialización combina derechos esenciales, evidencia científica y recursos económicos limitados.
En ese marco, el titular de FESAL fue tajante sobre el desafío actual: “Ha llegado el momento de discutir seriamente la especialización en materia de salud. Los conflictos sanitarios presentan una complejidad creciente: combinan derechos fundamentales, conocimiento médico, nuevas tecnologías, medicamentos de altísimo costo, evidencia científica, regulación y recursos necesariamente limitados. Esa realidad exige capacitación, información y herramientas específicas para quienes deben intervenir y decidir”, sostuvo Caviglia.
Por su parte, Ciorciari remarcó la urgencia de llevar la discusión a la agenda pública y replicar estos debates técnicos en los colegios de abogados bonaerenses.
Proyectos de ley y cuerpos técnicos
En el plano normativo, la Legislatura bonaerense analiza desde 2024 un proyecto para crear los Juzgados de Salud de Primera Instancia con jueces especializados en bioética y derecho sanitario.
Estos tribunales tendrían competencia directa ante demoras o rechazos prestacionales del sector público, la seguridad social y el ámbito privado, además de conflictos en ensayos clínicos.
Para optimizar los fallos, la iniciativa incluye las figuras del Consejero de Salud y de un Cuerpo Técnico Especializado que brinde asesoramiento científico en tiempo real.
Dichos equipos deberán dictaminar rápidamente sobre la pertinencia médica de los tratamientos antes del dictado de medidas cautelares o sentencias definitivas.
Asimismo, se contemplan procesos abreviados y audiencias obligatorias para descomprimir los juzgados y alcanzar acuerdos previos.
Actualización del PMO y mediación
Desde el sector de la medicina privada y la seguridad social advirtieron que la reforma judicial debe acompañarse de medidas de fondo, como la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET).
Del mismo modo, reclamaron una urgente actualización del Programa Médico Obligatorio (PMO), cuya desactualización frente a nuevas terapias de alto costo empuja a los pacientes a litigar.
En paralelo, se destacó el impacto del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA) para resolver discrepancias sin llegar a juicio.
Al respecto, la titular del Instituto IIDOS valoró la herramienta extrajudicial: “El PROMESA (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Salud) es una herramienta clave para que podamos pasar de un sistema reactivo a uno centrado en la prevención y la sustentabilidad”, afirmó Zanarini.
El esquema dispone de casi 2.000 mediadores especializados en todo el país, logrando acuerdos rápidos y frenando litigios antes de las demandas.
La discusión ya no resulta meramente teórica: siete de cada diez causas federales responden a coberturas médicas, lo que exige articular soluciones de fondo para resguardar la salud de los pacientes y la viabilidad del sistema.
