Amnistía Internacional advirtió sobre el grave retroceso de los Derechos Humanos en 2024
La organización mundial de defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional advirtió hoy sobre un retroceso profundo y acelerado en los Derechos en Argentina en el 2024 en el marco del lanzamiento de su informe anual El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo.
El capítulo del informe que se refiere a la situación en la Argentina en el Gobierno de Milei, retrata un panorama de narrativas violentas, achicamiento de los espacios de participación y represión a las voces disidentes, en un contexto global marcado por el avance de tendencias autoritarias fomentadas por líderes que actúan erosionando libertades esenciales.
“El deterioro de los Derechos no es una metáfora: en Argentina, durante 2024, vimos cómo se revirtieron conquistas fundamentales en materia de Justicia Social, libertades civiles y garantías individuales”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
“La respuesta del Estado frente a la protesta pacífica, la crítica pública, la desinformación muestra un giro hacia prácticas con profundos rasgos autoritarios que amenazan la convivencia social”, agregó.
La organización destaca, entre los principales ejes del informe “12 meses de gestión, 12 Derechos perdidos”, los siguientes hechos:
-La persecución y confrontación violenta frente al disenso. El miedo, las noticias falsas y la desinformación muestran una poderosa estrategia de adoctrinamiento y censura.
-Ataques a la libertad de expresión y al acceso a la información, donde prima la discrecionalidad y la opacidad frente a la rendición de cuentas.
-La represión del Derecho a la protesta pacífica como política de Estado y el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales, amparado por el llamado “Protocolo Anti-Piquetes”, que derivó en más de 1.100 personas heridas, detenciones arbitrarias y ataques a trabajadores de prensa.
Entre los 12 derechos vulnerados, la organización advirtió cómo el achicamiento del espacio cívico y la reducción de la participación ciudadana en la vida pública tuvieron un correlato alarmante: el aumento de la represión y la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra quienes ejercieron su legítimo Derecho a manifestarse pacíficamente para expresar su descontento ante las autoridades.
La crítica, la disidencia y la oposición han pasado a convertirse en chivos expiatorios utilizados para justificar medidas represivas.
También se advierten retrocesos graves en Derechos Económicos y Sociales, como consecuencia de políticas de ajuste que afectaron directamente a millones de personas. Se eliminaron programas sociales, se redujeron presupuestos esenciales y se cerraron organismos clave en áreas de la Salud, Educación, Género y Derechos Humanos.
Jubilaciones: los jubilados volvieron a perder. Quienes tienen como único ingreso la mínima, no lograron cubrir la Canasta Básica Total (CBT) en todo el año, en consecuencia, quedaron por debajo del umbral de la pobreza. Esta política, combinada con la quita de subsidios, la remoción de cobertura en medicamentos y el aumento del costo de vida, vulneró el Derecho a una vida digna para un sector históricamente postergado.
El informe advierte que estas medidas no solo deterioran la calidad democrática en el país, sino que profundizan la desigualdad y la exclusión, afectando especialmente a mujeres, personas LGBTI+, pueblos indígenas, infancias y sectores empobrecidos.
“Lo que vemos en Argentina no es un hecho aislado: es parte de una tendencia global que busca silenciar voces críticas, desmantelar políticas de protección y reprimir la expresión pacífica. En nuestro país, este retroceso se ha dado de manera acelerada y deliberada”, sostuvo Belski.
A nivel internacional, Amnistía Internacional advierte que la situación en Argentina no es una excepción. El llamado “efecto Trump” profundizó el avance global de prácticas crueles que se sucedieron durante 2024, caracterizada por la mezcla de prácticas autoritarias y codicia empresarial.
Gobiernos de todo el mundo buscaron evadir mecanismos de rendición de cuentas, consolidar su poder e infundir miedo. Para ello, recurrieron a medidas como la prohibición de medios de comunicación, la disolución o suspensión de organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, y el encarcelamiento de voces críticas mediante acusaciones infundadas de “terrorismo” o “extremismo”. Además, se intensificó la criminalización de quienes defienden los Derechos Humanos.