Amenazas a Sonia Velázquez: Fiscalía pidió que la prescripción del delito de José Allende sea revocada
El fiscal de la Unidad de Violencia Género, Leandro Dato, solicitó este jueves que la prescripción dictada en favor del sindicalista José Allende, en la causa por amenazas contra ministra de Salud Sonia Velázquez, sea revocada. El planteo fue acompañado por la representante de la funcionaria provincial. El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Alejandro Grippo, pasó a un cuarto intermedio, sin precisar fecha, para dar a conocer su resolución.
Cabe recordar que el juez de Garantías Mauricio Mayer, declaró prescripta la investigación que tiene como imputado al secretario general en Entre Ríos de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y exdiputado provincial, José Ángel Allende, concediendo el pedido de los defensores de Allende, los abogados Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi, quienes consideran que el delito imputado supone una pena en expectativa que ya fue superada por el plazo de investigación.
En tanto, el fiscal Leandro Dato a cargo de la causa y la querellante María Fernanda Vásquez Pinasco, entienden que la investigación debe llegar a juicio porque está dentro de los plazos establecidos.
Dato manifestó en la audiencia de apelación que el juez Mayer está equivocado cuando dicta la prescripción y habla de plazos razonables porque no tiene en cuenta los dos acuerdos de juicio abreviado que hubo en la causa y fueron rechazados por distintos vocales. En ese sentido, tampoco valoró la remisión de la causa a juicio. A consideración de Fiscalía todos estos actos operan como interruptivos de la prescripción.
La ministra Velázquez solicitó la palabra en la audiencia y pidió que se respeten sus derechos como sujeto político, ciudadana, persona y mujer, exigiendo a su vez que se remita la causa a juicio.
El caso mantiene en el centro de la escena al dirigente gremial José Allende, quien además enfrenta en forma paralela otras causas en el fuero Penal; en una de ellas fue condenado recientemente a dos años de prisión condicional por coacciones contra un periodista.