Una compleja y millonaria maniobra fraudulenta montada alrededor de la atención médica de adultos mayores quedó en la mira directa de la Justicia Federal.
Desde hace más de un año, el fiscal federal Leandro Ardoy instruye una causa penal iniciada tras una denuncia presentada por la delegación Paraná del PAMI. En la presentación se alertó sobre una presunta “orgía de sobreprecios” ejecutada de manera sistemática a través de recursos de amparo.
La pesquisa apunta a un esquema de facturación desproporcionada montado por residencias de larga estadía que no forman parte de la red de prestadores oficiales. La maniobra consistía en judicializar la pretensión de cobertura, lo que forzaba a la obra social a desembolsar cifras astronómicas convalidadas en los tribunales.
Disparidad en las tarifas y cifras infladas
La brecha entre los valores de mercado y los montos exigidos activó las alarmas del organismo nacional. Mientras que la tarifa oficial ronda los 1,7 millones de pesos, las presentaciones exigían sumas que alcanzaban los 7 millones de pesos por residente.
Al no contar con convenios vigentes, los establecimientos recurrían a la vía cautelar para cobrar de forma directa del Estado, obligando al organismo a erogaciones desmedidas en perjuicio de su presupuesto.
La investigación por presunta estafa pone la lupa sobre 11 residencias de la región. El listado incluye seis establecimientos de la cadena San Jorge, tres sedes de Paradise Home, el establecimiento Don Geroncio en Villa Fontana y una residencia situada en San Benito.
Médicos bajo sospecha y peritajes en curso
El entramado no terminaba en la exigencia tarifaria, sino que también involucra de manera directa a profesionales de la salud. En el expediente constan evidencias de certificados médicos con diagnósticos idénticos replicados para distintos pacientes con el fin de acelerar las presentaciones judiciales.
Tras más de doce meses de recolección de pruebas, la Fiscalía Federal avanza en peritajes contables y médicos para determinar la configuración del delito de estafa contra la administración pública, en una causa que busca dimensionar el perjuicio económico total ocasionado a la obra social.
Fuente: APF Digital
