Allanamiento en Paraná: amenazas a fiscales y víctimas de la dictadura
La Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA), por orden del juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, realizó ayer una serie de allanamientos en esa ciudad santafesina y en Paraná en el marco de una causa por amenazas a víctimas de la última dictadura.
Los mails en cuestión iban firmados por un grupo que reivindica la acción de genocidas y represores llamado “La Hermandad”. Los destinatarios eran testigos de las causas en proceso sobre la represión en la región litoral y funcionarios judiciales.
Puntualmente en Paraná se produjo un allanamiento en un domicilio de calle Formosa, cerca de avenida Almafuerte, a pocas cuadras del Hipódromo. Fuentes de la investigación señalaron que de ese domicilio los pesquisas se llevaron dos computadoras (una de escritorio y una notebook), que fueron puestas a disposición de peritos informáticos para realizar un análisis minucioso de los datos que contienen sus discos rígidos y de las operaciones que se han realizado con ambos equipos.
La investigación llegó hasta esa casa porque los investigadores determinaron que desde la conexión a internet de ese domicilio se crearon cuentas de mail con las que se enviaron los correos electrónicos intimidatorios, que generaron la apertura de una causa judicial en la Justicia federal de Reconquista y los procedimientos de ayer.
El allanamiento hecho en Paraná no derivó en ninguna detención hasta el momento. En diálogo con Diario Uno, confiaron que los investigadores sospechan que quienes viven en esa casa no son los responsables de haber creado las cuentas para mandar los mails intimidatorios: presumen que fue una persona, quizás allegada a los moradores, que utilizó las máquinas para sus fines amenazantes. Este individuo estaría siendo rastreado por los pesquisas.
El allanamiento se realizó al mediodía y participó personal del Grupo Especial de Asaltos Tácticos de la PSA. Se eligió esta fuerza federal para realizar los procedimientos ya que su creación es reciente y por lo tanto no está “contaminada” de lo ocurrido durante la dictadura, como si sucede en otras fuerzas de seguridad federales, como la Policía Federal, Gendarmería o Prefectura.
Sí hubo un detenido en Reconquista
Donde sí hubo un detenido fue en la ciudad de Reconquista, en el norte santafesino. Allí la PSA detuvo a Luis Gil, un docente con pasado de policía represor, que es sindicado como autor de amenazas a funcionarios judiciales que investigan el circuito represivo en la provincia vecina.
Gil, de 64 años, es policía retirado de la Provincia de Santa Fe, y se desempeñó luego como docente en un colegio secundario de Reconquista, del que fue echado luego de un sumario administrativo por denuncias de abuso a menores.
Al momento de su detención, se encontraba con su esposa, y se encontraron en su vivienda armas de guerra sin documentación, listados de personas detenidas en Reconquista durante 1976, DNI originales de personas fallecidas, credenciales policiales en blanco, credenciales gremiales en blanco pertenecientes a la Unión Obrera Metalúrgica, notas extorsivas a un comerciante, documentación vinculada al grupo ultraderechista Tacuara, cuadernos donde se describen operativos para interceptar gente, literatura calificada de fascista y copias de declaraciones de testigos en causas de lesa humanidad.
Asimismo, se secuestraron cinco discos rígidos en un locutorio ubicado a 20 metros del domicilio del represor, donde se creó la cuenta de correo electrónico desde donde se enviaban los mails.
Cabe destacar que se trata de la primera detención de un autor de amenazas a funcionarios y testigos de crímenes de lesa humanidad, al tiempo que no se descartan otras detenciones en el marco de esta causa.
El ilícito
Entre mayo, junio y julio se sucedieron una serie de amenazas vía correo electrónico por parte de La Hermandad contra funcionarios judiciales que llevan adelante las causas. Entre ellos, estaban el fiscal Juan Ignacio Candiotti (Ver aparte) y Gabriel Hernández, prosecretario judicial.
A partir de allí, se inició la investigación impulsada por el fiscal Roberto Salum.
Los mails no sólo fueron dirigidos a los funcionarios judiciales, sino también a testigos, querellantes, allegados a estos, políticos y funcionarios, asegurándose así que llegaran fehacientemente a su destinario.
La PSA a través de un comunicado enviado se reveló que “el contenido de los mails demuestra un pormenorizado conocimiento de circunstancias personales y familiares de los amenazados”, como así también de las causas que se investigan. En este marco, hay transcripciones textuales de testimonios judiciales, además de desacreditar a testigos y funcionarios del poder judicial. Uno de los mails señala: “Los ilustrados del juzgado federal y de la fiscalía también van a ser tenidos en cuenta en el momento de saldar las cuentitas y hacerles ver que en la vida todo se paga, especialmente en esta guerra que Uds. están empeñados en continuar. Si algo les pasa a los policías detenidos o al hermano de la Fuerza Aérea (se refiere al ex capitán Danilo Sambuelli) serán ejecutados”. Sambuelli fue uno de los máximos responsables de la represión en el norte santafesino durante la dictadura, desempeñándose en la III Brigada Aérea, que fue un centro clandestino detención por aquellos años.