Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires y militante peronista, continúa detenida en un calabozo del Penal de Ezeiza, a la espera de que la Cámara Federal de San Martín se expida sobre la validez de su detención. La medida fue dispuesta y ratificada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la causa que investiga un escrache frente al domicilio del diputado José Luis Espert.
En paralelo, un informe del Cuerpo Médico Forense alertó sobre el delicado estado de salud de Abaigar y desaconsejó su permanencia en una unidad penitenciaria, por los riesgos que esto implica.
La definición está en manos de la Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, quienes, al cierre de esta edición, aguardaban el dictamen del fiscal Carlos Cearras. Una vez que ese dictamen esté disponible, la defensa, encabezada por el abogado Daniel Llermanos, espera que el tribunal dé “preferente despacho” al caso, considerando el cuadro médico de la detenida.
“Apenas responda el fiscal, se resuelve”, señalaron fuentes judiciales consultadas por Tiempo.
Entre los argumentos presentados por la defensa se incluye un pasaje clave del examen clínico realizado el miércoles pasado. En él, los médicos forenses afirmaron que, ante la posibilidad de iniciar un tratamiento inmunosupresor, “no resulta aconsejable su permanencia en una Unidad Penitenciaria por el mayor riesgo a desarrollo de infecciones y la necesidad de un control clínico más estrecho”.
Abaigar padece una enfermedad autoinmune que provoca que su sistema de defensa ataque erróneamente a células sanas del cuerpo. Según el Cuerpo Médico Forense, necesita estar en espacios bien ventilados, climatizados, con adecuados niveles de higiene y seguimiento médico periódico.
Los argumentos de la jueza y la respuesta de la defensa
En la resolución que confirmó la detención, Arroyo Salgado sostuvo que existen “elementos suficientes” para presumir riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación si Abaigar es liberada. Para la jueza, su cargo público podría permitirle “servirse de información” que obstaculice el avance de la causa.
La defensa respondió que tales afirmaciones son meras conjeturas sin fundamentos concretos, y que la funcionaria no tiene antecedentes penales, posee domicilio, empleo estable y arraigo, condiciones que deberían permitir su excarcelación. Además, argumentaron que la instrucción judicial ya está agotada, con todas las medidas probatorias realizadas.
“El fallo no explica de qué manera su función como asesora en políticas de género podría entorpecer la acción de la justicia o influir en la producción de pruebas”, señalaron.
En otro punto del escrito, Llermanos también cuestionó el encuadre penal aplicado por la magistrada, que incluyó atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio político. El defensor negó que existan pruebas que vinculen a Abaigar con la organización del escrache y describió el hecho como una manifestación frente a los reiterados ataques públicos de Espert, conocidos por su tono provocador.
Más detenciones y la intervención del CELS
El miércoles pasado, la causa sumó nuevas detenciones, entre ellas la de Eva Mieri, presidenta del bloque del PJ en el Concejo Deliberante de Quilmes, además de Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes.
Al cierre de esta nota, el abogado Bienvenido Rodríguez Basalo, defensor de Mieri, indicó que no había podido comunicarse con su representada, ni conocer los cargos exactos que se le imputan.
Por otro lado, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) se presentó este jueves ante la Cámara de San Martín como amicus curiae. La organización aportó argumentos jurídicos y de derechos humanos para que el tribunal revise la resolución de Arroyo Salgado y habilite la excarcelación de las personas detenidas.
