En un encuentro organizado por la Comisión de Impuestos de la entidad rural, especialistas analizaron en detalle las reformas tributarias pendientes para el agro y los beneficios actualmente vigentes para el sector.
En el arranque de la jornada, el abogado y contador Matías Olivero Vila trazó un diagnóstico contundente: “Argentina es el país con los impuestos más altos del mundo”, al punto tal que “el 60% de la rentabilidad del agro son impuestos”, sentenció.
Frente a este escenario, planteó la necesidad de avanzar hacia un régimen de transparencia fiscal al consumidor para que “la gente empiece a ver” el peso real de los tributos en los precios finales.
Críticas a la estructura impositiva y tímidas señales de alivio
En la misma línea, el contador Santiago Sáenz Valiente afirmó que la estructura actual “afecta principios constitucionales”, por lo que debe modificarse. En ese marco, mencionó que iniciativas como el Régimen de Inversiones para Empresas Pequeñas y Medianas (RIMI) suponen una “luz al final del túnel”.
Según explicó, este esquema permite realizar inversiones no tan elevadas en tecnologías y mejora la amortización de bienes semovientes, lo que genera cierto incentivo en un contexto de alta carga fiscal.
También se refirió a los cambios en la valuación de hacienda de invernada, “que implican una equidad respecto a los que realizan cría”, destacó. Y subrayó que “prácticamente no existe un adelanto del impuesto antes de las ventas”, lo que consideró un avance para el flujo financiero de los productores.
En cuanto a los Derechos de Exportación (DEX), remarcó que, “si bien se han reducido y se proyecta una baja cercana al 50% de cara al 2028, resulta indispensable su derogación futura una vez alcanzado el equilibrio fiscal”, advirtió.
Ingresos Brutos bajo fuego: “un impuesto nocivo”
El contador Lisandro Balestra se enfocó en los impuestos provinciales, con especial atención en Ingresos Brutos, el cuarto tributo que más recauda en Argentina. “Para mí no debería existir, no tiene bases de tracción”, analizó.
Y agregó: “Acá no alcanza con cambiar el convenio multilateral, porque no es un tema de cómo está reglamentado, sino de la base imponible mediante la cual las provincias recaudan”.
En ese sentido, fue categórico: “Es un convenio que confisca el dinero de los contribuyentes y es un impuesto bastante nocivo para toda la cadena industrial, los comerciales y, en particular, los productores”, resumió.
Quebrantos sin actualizar y reclamo de judicialización
Por su parte, el contador Osvaldo Balan abordó el controversial tema de los quebrantos. “Es un tema que viene de larga data y que ha ido evolucionando mal para los contribuyentes. No actualizar un quebranto por inflación es pulverizar al productor”, indicó.
En esa línea, sugirió “pelear” el asunto desde la vía judicial. “¿Qué pueden hacer los productores que tienen quebrantos acumulados? Es difícil porque las normas no los favorecen, pero podrían ir vía judicial desde el principio de la no confiscatoriedad”, consideró.
Revisión del Sistema Simplificado Agrícola y horizonte de cambios
El encuentro se completó con la exposición del contador Mariano Echegaray Ferrer, quien se refirió al Sistema Simplificado Agrícola, al que caracterizó como “un régimen de control que quedó viejo”, que debe actualizarse para darle paso a un esquema “moderno” y simplificado.
“No estamos pidiendo flexibilidad, sino racionalidad. Un esquema que nos permita anticiparnos y hacer correcciones en caso de detectar inconsistencias. Los sistemas de control de décadas le quitan eficiencia y margen al negocio”, reflexionó.
A modo de cierre, Echegaray consideró que la mirada política actual sugiere que estos temas “se irán corrigiendo”, por lo cual, dijo, hay esperanza. “La mejor reforma que puede tener el agro no viene desde el lado de una baja de impuestos sino de ordenar el sistema”, finalizó.
