La relación entre terrorismo y disidencia política quedó en el centro del debate tras la aprobación de una nueva guía de actuación por parte de la Procuración General de la Nación, que enumera como posibles señales de «radicalización» conductas tan amplias como «sentir injusticia», «rechazar figuras de autoridad» y «criticar a gobiernos e instituciones».
El documento fue avalado este mes por el procurador general interino, Eduardo Casal, bajo el título de «Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque», y sistematiza indicadores de radicalización junto a un protocolo de investigación para amenazas y publicaciones que esta gestión considere extremistas en entornos digitales.
La resolución, firmada por Casal el pasado 14 de agosto, fue presentada oficialmente como una herramienta para «prevenir e impedir la comisión de actos terroristas» mediante la detección temprana de procesos de radicalización, propaganda y reclutamiento en redes sociales, foros y plataformas de videojuegos.
Una matriz de riesgo con foco en la conducta digital
El documento, elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), parte de la premisa de que el terrorismo es un «proceso criminal organizado, continuo y permanente» que debe ser investigado en todas sus fases, incluso antes de que se produzca un ataque.
Para ese objetivo propone una matriz de riesgo que clasifica conductas en niveles medio, medio-alto, alto y crítico, y sugiere medidas de investigación proporcionales a cada nivel.
Entre los indicadores tempranos de presunta radicalización menciona «sentimientos de injusticia, traición o humillación», «rechazo a figuras de autoridad», «publicación de teorías conspirativas», «desconfianza sistemática en las instituciones» y «participación en grupos o foros digitales que promueven ideologías extremistas».
Ciberpatrullaje, agentes encubiertos y alarma en organizaciones
La guía también contempla herramientas de investigación como el ciberpatrullaje, el rastreo de redes sociales, la interceptación de comunicaciones, el análisis de fuentes abiertas (OSINT), el uso de agentes encubiertos y la cooperación internacional.
Si bien el texto aclara que los indicadores «no constituyen tipos penales ni supuestos de imputación» y que su valoración debe ser «contextual, proporcional y acumulativa», organizaciones sindicales y de derechos humanos expresaron su alarma ante los criterios adoptados.
En un documento difundido este miércoles, estas entidades advirtieron que la norma «criminaliza la protesta social» y «habilita mecanismos de vigilancia propios de épocas de patotas parapoliciales».
“¿Sospechosos por criticar al Gobierno?”
Desde ATE Capital lanzaron una batería de interrogantes sobre el alcance de la guía: «¿Puede una persona ser considerada sospechosa por criticar al gobierno? ¿Por participar de una organización? ¿Por expresar su bronca frente al hambre, la desigualdad o la pérdida de derechos?», cuestionaron.
La organización gremial denunció que el documento «convierte el descontento social en un problema de seguridad» en un contexto de «creciente conflictividad social y ajuste sobre las condiciones de vida».
En ese marco, desde ATE Capital reivindicaron el derecho a la protesta y la organización colectiva como «ejercicios legítimos de la democracia», y sentenciaron: «Terroristas son los que hambrean deliberadamente al pueblo trabajador y se enriquecen a costa de la entrega de nuestra soberanía».
Conflicto social en ascenso y temor a la criminalización
El gobierno nacional enfrenta actualmente una ola creciente de protestas y medidas de fuerza en distintos sectores, desde jubilados, personas con discapacidad, prestadores de salud, trabajadores viales, docentes universitarios, estatales, personas endeudadas y pymes que cierran, en una lista que se expande día a día.
La guía, que será difundida entre fiscales y funcionarios judiciales, busca unificar criterios de investigación en torno a potenciales amenazas terroristas, pero desde el arco gremial y social advierten que su implementación podría derivar en una criminalización de la disidencia política y social, transformando la crítica institucional en un potencial teatro para acusar de terrorismo a opositores y detractores.
