Distintas entidades del sector productivo denunciaron una proliferación de ejecuciones fiscales y embargos exprés de ARCA, organismo que avanza en estas medidas drásticas a partir de incumplimientos mínimos y sin notificación previa.
En paralelo, los empresarios alertaron sobre un crecimiento exponencial de expedientes en los Juzgados Comerciales. “Los niveles que estamos viviendo son los mismos que en 2001”, advirtió Mauro González, titular de la Confederación Federal Pyme.
Desde el año pasado, las entidades reclaman la declaración de la emergencia para el sector, solicitando suspender por 180 días los juicios y trabas bancarias. Sin embargo, denunciaron que el escenario actual no solo no se frenó, sino que empeoró drásticamente.
En ese sentido, González describió el accionar del ente recaudador. “La situación del ARCA es de persecución. Los embargos son exprés, no hay ninguna notificación previa, te embargan de manera inmediata cuando se te cae la cuota de una moratoria o pagaste algún impuesto fuera de término. Por los intereses también te están embargando”, sostuvo.
Sin respuestas oficiales
El dirigente pyme detalló las gestiones infructuosas ante el Estado nacional. Al reclamar en las oficinas del ente recaudador, las autoridades se desligaron y atribuyeron las órdenes al Ministerio de Economía, mientras que en la cartera conducida por Luis Caputo devolvieron la responsabilidad al propio organismo fiscal.
Frente a esta falta de soluciones, el referente gremial empresarial insistió en la gravedad del panorama. “Nadie nos da una respuesta ante esta situación”, remarcó, advirtiendo sobre una crisis que castiga a todos los rubros e impulsa una escalada de concursos y quiebras en los tribunales.
Un caso paradigmático reciente es el de la firma textil Jutex, proveedora clave de marcas masivas como Portsaid, Le Utthe y Rapsodia. La compañía acumula un pasivo de 700 millones de pesos y entró en concurso preventivo, siendo ARCA su principal acreedor con más de 102 millones de pesos reclamados.
En el sector productivo señalaron que la inmovilización de fondos resulta letal para la actividad diaria, en un contexto agravado por la suba de costos y el impacto directo de la apertura de importaciones.
