Aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, la Ley 27.796 declaró en su momento la ley de salud pediátrica y de residencias nacionales, pero el próximo 21 de octubre vence su vigencia oficial. Pese a haber superado el veto del presidente Javier Milei, la normativa nunca llegó a implementarse de forma efectiva y crece la incertidumbre sobre su continuidad.
A poco más de un mes de la fecha límite, la falta de definiciones oficiales motivó a los profesionales a iniciar una campaña de visibilización. La tensión aumenta además por la intención de las autoridades y del Ministerio de Salud de la Nación de avanzar en la desvinculación de Norma Lezana, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan.
En ese marco, la entidad gremial sumó una grave acusación: la utilización de recursos del hospital para adquirir instrumentos financieros en lugar de destinarlos a la atención pediátrica.
Mediante diversas publicaciones, los equipos de salud remarcaron que el plazo legal expira sin haberse cumplido. “El 21 de octubre vence la vigencia de la Ley en Salud Pediátrica (que se aprobó cuatro veces por amplia mayoría en el Congreso) y nunca se aplicó”, advirtieron desde la asociación gremial.
Frente a este escenario, señalaron que la legislación “asegura actualización salarial para el personal (y evitar renuncias como en 2025), reestablece el régimen de Residencias derogado (que los precariza) y sobre todo garantiza prótesis y medicamentos para todos los pacientitos sin discriminaciones”.
Para exigir respuestas, convocaron a un abrazo simbólico este miércoles a las 13:00 bajo el lema “abrazamos el hospital de las infancias”, con la participación de legisladores, periodistas y artistas.
“Nadie está prestando atención a lo que pasa con las familias de los pacientes, como nutricionista veo que chicos con patologías complejas no pueden comer lo que necesitan, porque a las familias no les alcanza”, alertó Lezana sobre la situación social y el recorte de asistencias.
Asimismo, la dirigente remarcó: “La ley se votó cuatro veces pero no se cumple, nos parece muy importante mostrar lo que le falta a las familias, el fin de semana juntamos alimentos y juguetes para ayudar a esas familias”. En esa línea, insistió en que el Estado no puede desentenderse de la compra de insumos de alto costo. “Queremos que se de prórroga, tenemos que pelear todos para que se mantenga vigente, porque hay una verdadera emergencia en la salud pediátrica”, remarcó.
Denuncias de persecución sindical
El reclamo por la continuidad de la ley coincide con un incremento en las presiones hacia los referentes sindicales. Desde la administración del nosocomio difundieron que Lezana sería despedida por presuntas inasistencias durante 2025, postura que fue respaldada públicamente por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien publicó: “Afuera por no trabajar”.
Frente a esto, la nutricionista desmintió la acusación y cuestionó el accionar oficial. “Es de una violencia… Yo no fui notificada de ninguna sanción. Hoy llegué al hospital y pude pasar. Yo vine a trabajar como todos los días desde hace 39 años”, afirmó.
Para la dirigente, la maniobra busca desviar la atención de los reclamos de fondo. “Mienten, mienten para presentar una cortina de humo. Porque nosotros hemos sacado una denuncia pública sobre el manejo de fondos que tiene la gestión”, denunció Lezana, añadiendo que “el hospital es una olla a presión por la falta de personal, la falta de insumos. Y esta denuncia los compromete”.
Cuestionamientos por colocaciones financieras
La denuncia sobre el manejo presupuestario surgió a partir de un pedido formal de acceso a la información pública, donde se constató el destino de $58.107 millones hacia bonos estatales y colocaciones en el mercado financiero.
Tras un amparo judicial tramitado en los Expedientes 23618/2026 y CAF 39186/2025, la propia dirección presentó informes donde reconoció colocaciones por $40.899 millones en títulos y $17.208 millones en fondos comunes. Durante el período de ajuste entre 2024 y 2025, el monto en títulos públicos creció $4.691 millones.
Por último, el personal advirtió que el presupuesto general sufrió un recorte del 37% en menos de un año y cuestionó la lógica financiera. “Es como si en tu casa faltara para el supermercado, pero al mismo tiempo hubiera millones en plazo fijo… y encima siguieran metiendo más plata al plazo fijo. Cuando te dicen ‘no hay plata para salarios ni insumos’, la pregunta es: ‘¿y esos 58 mil millones de pesos invertidos en bonos a 13 años?’”, sentenciaron.
