Una grave amenaza fue neutralizada a tiempo tras una alerta del FBI. La pesquisa descubrió que un adolescente de 15 años planificaba un tiroteo en su colegio con ChatGPT para llevarlo a cabo en 2027, lo que derivó en un allanamiento inmediato en su domicilio de Quilmes y la citación judicial de sus padres.
La investigación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina se inició el pasado 19 de agosto, luego de que el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina detectara una cuenta de correo electrónico que mantuvo conversaciones con la Inteligencia Artificial para organizar una masacre escolar.
El informe de los investigadores advirtió sobre la intención del joven de asesinar a sus compañeros, proyectando el ataque originalmente para 2027, pero con la posibilidad latente de adelantarlo en cualquier momento.
En los intercambios con el sistema de ChatGPT, el menor consultaba sobre la compra de vestimenta especial y equipamiento táctico para ejecutar el ataque.
A partir de esta alerta, la Unidad de Investigación Antiterrorista desarrolló diversas tareas de campo y rastreos en redes sociales, logrando identificar al sospechoso y localizar su vivienda en la zona sur del Conurbano bonaerense.
Con las pruebas reunidas, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, encabezada por el fiscal Walter Bruno, solicitó la orden de allanamiento al Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de Quilmes, a cargo de la jueza Miriam Susana Alcolcel y la secretaria Mariana Digiani.
El allanamiento y los elementos incautados
Los efectivos policiales irrumpieron en la propiedad del menor, donde hallaron pertrechos que coincidían plenamente con la planificación descubierta.
Durante el procedimiento se incautaron 2 teléfonos celulares, 2 pares de guantes tácticos, un gorro piluso camuflado, una balaclava con diseño de calavera, un pasamontañas de estilo militar y gafas de protección táctica de color negro.
En ese marco, la Justicia dispuso citar de urgencia a los progenitores junto al menor a la sede judicial de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.
La identidad del involucrado permanece bajo estricta reserva por su condición de menor de edad, mientras que todo el material secuestrado quedó sujeto a peritajes técnicos.
