Crece la tensión y el malestar de los clientes: ahorristas denuncian a Pilay por incumplimientos con planes de viviendas tras haber pagado puntualmente durante veinte años para acceder a un departamento propio. Aseguran que la firma no entrega unidades desde hace meses y frenó por completo el levantamiento de las torres comprometidas.
La compañía que lideró el mercado de capitalización inmobiliaria ofrece ahora propiedades de menor metraje, emplazadas fuera de las zonas pactadas o compensaciones económicas insuficientes. La crisis estalló con fuerza en Santa Fe y Rosario, pero advierten que el conflicto se extenderá a Córdoba, Entre Ríos y Uruguay.
Desde el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac) salieron al cruce de las maniobras empresariales. “¿Qué hicieron con la plata recaudada de captación de ahorro que no fueron comprando los terrenos ni construyendo cuando iban ganando plata?”, cuestionó Juan Marcos Aviano, titular de la entidad que ya analiza acciones legales masivas.
Durante dos décadas, miles de familias sostuvieron sus aportes mensuales bajo un esquema que administraba Pilay en conjunto con constructoras como Bauen. Al momento de la adjudicación prometida, los suscriptores se toparon con propuestas unilaterales para modificar los contratos originales.
El sistema contemplaba entregas por sorteo, licitación o al cancelar las dos décadas de cuotas. Sin embargo, los reclamos no paran de acumularse por demoras excesivas en los plazos de entrega, cambios de ubicación y reducción de dimensiones.
El avance del conflicto y la vía judicial
En una primera etapa, los reclamos llegaban a los tribunales de forma individual y la empresa pactaba acuerdos previos a las sentencias entregando unidades menores o compensaciones dinerarias. No obstante, esa fase de acuerdos silenciosos quedó completamente superada ante la masividad del problema.
El panorama empeoró drásticamente durante 2024 y 2025 con la paralización de los sorteos y ofertas de terrenos alejados. Para los damnificados, estas alternativas solo buscan dilatar los tiempos frente a los inminentes vencimientos contractuales.
Los cálculos preliminares del Cesyac encienden todas las alarmas en el sector inmobiliario. Según detalló Aviano, el universo de afectados podría alcanzar los 13 mil ahorristas en toda la región.
Dentro de ese número global, se estima que entre cuatro mil y cinco mil personas cumplirán los veinte años de pago en estos meses. En paralelo, en Córdoba vencen los planes iniciados en 2006, mientras se aguardan derivaciones similares en Entre Ríos y Uruguay.
La respuesta empresaria y el reclamo político
Frente a las acusaciones, la firma atribuyó las dificultades al contexto inflacionario y a normativas estatales. A través de un comunicado aludieron a las “graves crisis económicas” y señalaron la necesidad de “encontrar una manera equitativa de readaptar el contrato a las circunstancias vigentes”, postura que generó indignación entre los usuarios.
La controversia escaló hasta la Legislatura de Santa Fe mediante una iniciativa presentada por el diputado Miguel Rabbia. El legislador exigió al Poder Ejecutivo “que intervenga en carácter de mediador a fin de articular y brindar respuesta institucional ante los reclamos efectuados por personas vinculadas a planes administrados por las firmas conocidas comercialmente como PILAY S.A., CASAPLAN S.R.L., PILARES S.R.L. y otras que estén vinculadas.”
En tanto, los elevados costos administrativos para litigar de forma particular impulsan una demanda colectiva. Los propios abogados recomiendan a los damnificados no discontinuar las cuotas para evitar caer en mora contractual, mientras completan hasta diecinueve años de aportes sin garantías reales de escrituración.
Fuente: La Política OnLine.-
