Ahora los veedores judiciales del Grupo Indalo se oponen a su venta
Con un frente cada vez más complejo, Cristóbal López recibió otra negativa al plan de vender las acciones del Grupo Indalo. Los veedores colocados por la Justicia en el holding presentaron un escrito ante el juez Julián Ercolini donde opinaron de manera desfavorable sobre la operación que pretende concretar el empresario K. Solicitaron además, se informen una serie de requisitos. Además, en función de cómo está hecha la presentación, el fiscal de la causa Gerardo Pollicita se opondrá a cualquier tipo de operación “que no contemple el pago de la deuda al Estado”.
“No se puede vender”, repiten en los pasillos de Comodoro Py al analizar las explicaciones que brindó la defensa de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, a cargo del letrado Carlos Beraldi, para justificar el plan para desprenderse del 100% de las acciones del Grupo Indalo. Entre los principales planteos, los dueños del holding sostuvieron que por el avance de los “procesos judiciales y medidas cautelares” se “cerraron las líneas de crédito” y se volvió “inviable” la vida financiera de Indalo.
La inhibición general de bienes que recae sobre el holding es el principal impedimento para que la operación con el fondo inversor Op Investments se concrete. La medida cautelar “ordenada en función del delito que se investiga” impide “cualquier venta, desprendimiento o cambio accionario, hacerlo sería un delito penal”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
La medida cautelar que impide cualquier movimiento en Indalo, rige en el marco de la causa que inició con la denuncia de la AFIP por la deuda de 8.000 millones de pesos que el grupo generó con el organismo fiscal al no pagar, durante el último gobierno de Cristina Kirchner, el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). Oil Combustibles SA fue la empresa que generó la millonaria deuda con el fisco.
López había recibido la primera negativa por parte del organismo que dirige Alberto Abad, que presentó un escrito rechazando cualquier operación. En aquella presentación, planteó -entre otras cosas- que “ni siquiera se indica cuáles serían los mecanismos con los que se pretende garantizar el patrimonio que, según se dice, continuaría asegurando los fines de la cautelar dispuesta”.
El juez Ercolini -que continúa en la causa hasta tanto se expida la Cámara de Casación respecto al fuero en que debe seguir tramitándose-recibió un escrito de los veedores del Grupo Indalo. En el mismo, según pudo confirmar Clarín, requirieron una importante cantidad de documentación para corroborar “cualquier modificación en las titularidades de las empresas sujetas a veeduría”, como también que presenten documentación sobre “cualquier promesa de venta” y aquello que signifique poner “a disposición de terceros el manejo operativo o gerencial de las empresas sujetas a veeduría”.
Los tres veedores pidieron al Juez Ercolini que reclame la información a los dueños de Indalo dentro de las próximas 72 horas. Entre otros puntos requeridos, pidieron que los dueños ante la justicia del Holding, expliquen la conformación actual de los directorios de las 170 sociedades que integran el grupo y todo lo que implique “la asunción de compromisos que puedan afectar el patrimonio o la marcha de las empresas”.
Entre otros puntos, los delegados judiciales en Indalo exigieron una rendición completa de los “movimientos financieros de las empresas en general y con otras empresas del grupo económico”.
Con los planteos realizados, los veedores en principio no habilitan ninguna operación comercial entre Indalo y el grupo de inversores que ya se adjudicó la compra del “100% de las acciones”, y cuyas autoridades ya tomaron el control del empresario.
Por otro lado, el fiscal Gerardo Pollicita -quien debe expedirse al respecto- planteará que tal como están dadas las cosas “no hay posibilidad a ninguna venta ni operación” y que el único objetivo será “que se pague al Estado la deuda millonaria que generó Cristóbal López”.