Agmer ratificó el paro y el Gobierno advirtió sobre posibles sanciones gremiales
Agmer, el gremio docente mayoritario en la provincia, confirmó el paro del lunes 25 de marzo. El Gobierno sostiene que la medida de fuerza será “ilegal” y que le traería al gremio consecuencias administrativas, sindicales e incluso penales.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) ratificó el paro del lunes, con el argumento de que sólo el Congreso puede decidir el acatamiento o rechazo a la conciliación obligatoria dictada por la justicia. El cónclave se reunirá ese mismo día en San Salvador y para cuando haya una definición, el paro ya habrá sido ejecutado.
Por su parte, el Gobierno provincial insiste en que las clases se dictarán con normalidad la semana próxima, en función de que la medida judicial dispuesta por la jueza laboral Gladys Pinto, que rige desde este sábado, exhorta a los gremios a abstenerse de concretar medidas de fuerza e incluso les impide realizar asambleas en horario escolar.
A los argumentos en ese sentido brindados el viernes por la apoderada del Consejo General de Educación (CGE), Miriam María del Huerto Clariá, este sábado se sumó un comunicado donde autoridades del Gobierno afirmaron que “el paro del lunes es ilegal” y que ejecutarlo le acarreará al gremio sanciones administrativas, consecuencias sindicales e incluso condenas penales.
“Si Agmer no acata la decisión judicial incurre en un delito. Los gremialistas deben abstenerse de realizar medidas de fuerza”, señalaron las autoridades gubernamentales en el escrito difundido este sábado. “Una conciliación obligatoria tiene el carácter de resolución judicial y como tal es obligatorio obedecerla”, agregaron.
Además, advirtieron sobre posibles sanciones administrativas por no acatar la conciliación y afirmaron que el paro “es ilegal y la ausencia del lugar de trabajo se considera injustificada”. También señalaron posibles consecuencias sindicales, ya que “el Ministerio de Trabajo puede sancionar al gremio con multas y una eventual suspensión de la personería”, y sanciones penales, a través del inicio de un proceso judicial por desobediencia.
“El Gobierno lamenta profundamente que desde el sindicato que representa a los docentes entrerrianos se tome la decisión de no acatar una resolución de la Justicia. Hemos dado muestras de buena fe con propuestas salariales responsables en medio de una complicada situación económica cuyas variables exceden las responsabilidades de la provincia”, señala el comunicado del Gobierno.
Finalmente, afirma: “Los niños deben estar en la escuela, y cuando peligra el derecho constitucional a aprender el gobierno acude a la justicia. Es una instancia que respetamos y valoramos. Esperábamos que la conducción del gremio también lo haga”.
Antes, el viernes, la apoderada del CGE explicó por qué se pidió la intervención judicial, algo que está contemplado en la Ley N° 9.624, de Paritaria Docente. “Este tratamiento especial de habilitación se justifica en el contexto en el que se presenta esta acción pues, encontrándose en curso la instancia de conciliación administrativa y estando pendiente la respuesta de los gremios a la última propuesta cursada, esta ha sido respondida desde el Congreso no sólo con el rechazo de la propuesta sino con una modalidad reiterada por parte de los gremios, una medida de fuerza que tendría lugar incluso el día que debían presentarse en sede administrativa a continuar negociando, cuestión que se puede advertir de las constancias que se adjuntan”, indicó la apoderada.
Precisa además que “sin respetar esos plazos, el Congreso Extraordinario de fecha 21/03/2019 rechazó la oferta y dispuso inmediatas medidas de acción directa, irreconciliables con el procedimiento de negociación paritaria y que imponen la necesidad de llevar el conflicto a la instancia de la conciliación obligatoria en sede judicial”.
En este sentido, “el Consejo General de Educación, conocida la decisión del Congreso Extraordinario y las medidas anunciadas por los medios de comunicación social, solicitó inmediatamente la habilitación de horas en la instancia administrativa a fin de dar por concluida sin más una etapa que los gremios con su medida de acción directa ya habían desestimado desde los hechos”.
En el escrito se expresa que “la conducta de ruptura de la contraria, que aún inmersa en un procedimiento paritario de discusión decidió en forma unilateral e intempestiva romper el dialogo y aplicar directamente medidas de fuerza, sin dudas impide seguir esa instancia administrativa e imponen la inmediata apertura del procedimiento judicial con la disposición urgente de la suspensión de las medidas de fuerza”.
Palabra gremial
Agmer sostiene el paro del lunes y, en caso de que el Congreso decida acatar la conciliación obligatoria, suspenderá el tercer paro de 24 horas, previsto para el jueves 28 de marzo.
Por su parte, la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) –que también participa de la paritaria docente – resolvió acatar la medida dictada por la jueza Pinto y concurrir a las reuniones en el Juzgado Laboral Nº1. Esto significa que las escuelas técnicas sí tendrán clases.
En tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) –que no es miembro paritario y participa de las negociaciones como invitado– se declaró en estado de alerta y movilización e instó a hallar “una solución que posibilite el normal desarrollo de las clases”.