AFIP crea un registro público de beneficiarios finales contra los delitos financieros
Por medio de la Resolución General 5529/2024 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se establece la creación e implementación del “Registro Público de Beneficiarios Finales” (RBPF).
Los puntos clave del RBPF:
¿Qué es el RBPF?
Es un registro centralizado que contiene información sobre las personas que controlan en última instancia a las empresas y otras entidades jurídicas.
¿Quién debe registrarse en el RBPF?
Las empresas y otras entidades jurídicas que estén obligadas a informar sobre sus beneficiarios finales, según la normativa vigente.
¿Cómo se accede al RBPF? Hay dos formas de acceder al RBPF:
Organismos: Organismos públicos como el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y la Unidad de Información Financiera (UIF) pueden acceder al RBPF para fines de investigación y/o prevención y/o represión de delitos.
Contribuyentes: Las empresas y otras entidades jurídicas pueden acceder a su propia información en el RBPF, así como a la información de sus beneficiarios finales.
¿Cuándo entra en vigencia el RBPF?
El RBPF entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Los servicios para acceder al RBPF estarán disponibles 20 días hábiles después de la entrada en vigencia de la Resolución General.
El detalle de la norma según AFIP
La resolución está prevista en la ley N° 27.739, que modifica el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la República Argentina, y designa a la AFIP como la autoridad central para recopilar y mantener información actualizada sobre las personas que posean participación directa o indirecta en entidades comerciales y otras estructuras legales.
De esta manera, AFIP poseerá un registro centralizado de los beneficiarios finales. Estos son quienes tengan al menos 10% de participación, derechos de voto o control directo o indirecto sobre una sociedad o entidad legal.
Esta iniciativa permitirá a entidades públicas como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal, entre otros, acceder a información destacada para investigaciones relacionadas con delitos como el lavado de activos.
Esta medida, en consonancia con estándares internacionales, representa un avance significativo hacia la transparencia fiscal y la erradicación de prácticas financieras ilícitas, alineándose con las recomendaciones de organismos globales.