El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) expresó su fuerte preocupación por el “crecimiento del contrabando y su impacto en la industria nacional y el comercio formal”, y en ese marco acusó al Gobierno por sus “políticas de ajuste y desregulación” que, según denunció, debilitan los controles fronterizos.
El gremio que encabeza Daniel Mallotti trasladó su malestar a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y reclamó “reforzar los controles fronterizos para evitar el daño que hace a nuestra industria y las pérdidas fiscales millonarias que provoca el contrabando”, según confiaron fuentes sindicales.
En esa línea, el titular del SUPARA dijo coincidir con los reclamos que vienen realizando distintos sectores y actores de la cadena vinculada al comercio exterior, que también alertan por el avance de la actividad ilícita.
“Hoy la Aduana dispone cada vez de menos recursos y de la infraestructura necesaria para fortalecer los controles por las políticas permanentes de debilitamiento, desinversión y desregulación”, advirtieron desde el sindicato.
Y recordaron que “el Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, complica aún más la situación, porque pregona ajuste tras ajuste, desregulación tras desregulación y esto va en contra de la industria y la recaudación que tanto necesita el país”, remarcaron.
Una Aduana con menos recursos y más vulnerabilidad
De acuerdo con el SUPARA, la combinación de baja de salarios y ajustes constantes del Gobierno de Javier Milei deja a la Aduana con cada vez menos tecnología actualizada y adecuada para el control.
Esa situación, señalaron, impide retener personal técnico calificado y dificulta atraer y conservar recursos humanos idóneos. “Esto genera que hoy la Aduana se vea debilitada y eso facilita las distintas prácticas delictivas, como el contrabando, como lo han denunciado distintos actores de la cadena del comercio exterior”, alertaron.
Por eso, Mallotti solicitó “dotar al organismo de mayores recursos y hacer más estrictos los controles”. Enfatizó que la actualidad del sistema aduanero es de “vulnerabilidad y desprotección”, algo que atribuyó directamente a las políticas de desregulación impulsadas por Federico Sturzenegger, las cuales —sostuvo— se contradicen con la necesidad de aumentar los controles y “profundizan aún más el problema”.
A su vez, el dirigente gremial puso el foco en la situación laboral dentro del organismo. Sobre ese punto, planteó la “necesidad de mejorar las condiciones de quienes sostienen esta institución y son quienes pueden hacer posible el fortalecimiento de los controles”, en referencia a los trabajadores aduaneros.
Pérdidas fiscales millonarias y daño al empleo formal
En este contexto, el panorama que describe el SUPARA incluye una fuerte pérdida económica en ingresos fiscales. De acuerdo con un informe de la consultora MAP, el contrabando provocó en 2025 una merma estimada en USD 2.300 millones, equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB).
El sindicato subrayó que este fenómeno no solo erosiona la recaudación del Estado por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, sino que además impacta de lleno sobre los puestos de trabajo formales y los derechos de los consumidores, según el mismo estudio.
El informe de MAP dimensionó el perjuicio al comparar ese monto con el gasto en infraestructura social: USD 2.300 millones equivalen al presupuesto necesario para construir 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o bien 1.900 kilómetros de rutas nacionales.
Los sectores más afectados por el comercio ilícito
El trabajo de la consultora detalló que los rubros más golpeados por el contrabando son el sector tabacalero, con pérdidas estimadas en USD 1.100 millones; los textiles, con USD 370 millones; los neumáticos, con USD 240 millones; y los celulares, con USD 190 millones en ingresos fiscales no percibidos durante 2025.
Además, el informe ubicó a la Argentina en el puesto 120 sobre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por TRACIT, lo que expone la magnitud del problema y refuerza el reclamo del SUPARA por mayores controles y recursos para la Aduana.
