Aduana ratificó su acusación contra las agroexportadoras
El pasado fin de semana fueron días de relaciones tensas entre la Aduana y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA): desde el cuerpo de funcionarios acusaron a los empresarios de sobrefacturar importaciones de porotos de soja y la respuesta desde el sector privado, negando esas denuncias, no tardó en llegar.
Sin embargo, este miércoles el ente estatal avanzó un paso más y sumó un documento enviado por la República de Paraguay.
“La Dirección General de Aduanas recibió la respuesta de Paraguay que valida la denuncia a 7 firmas cerealeras investigadas por sobrefacturar importaciones de porotos de soja. El país vecino envió la factura comercial donde figuran valores inferiores a los declarados en Argentina”, aseguraron.
Todas las compañías conforman el lote de las empresas de punta en el sector, con grandes volúmenes de operaciones.
El titular de la Aduana, Guillermo Michel, calificó: “Esto descarta lo que dijo la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) en medios periodísticos. La Aduana es un ente profesional que actúa conforme a la normativa vigente y al intercambio de información con otros países regido por acuerdos internacionales”.
Con esta información, la Aduana multó a dos de las compañías investigadas por infracción al artículo 954 del Código Aduanero. Las condenas de sede administrativa fueron para:
-Vicentin SA. por $ 446.368.298
-Cofco Int. Arg SA por $ 52.278.729.
“Durante el año 2020 se aperturaron sumarios contenciosos a distintas cerealeras por sobrefacturación en importación temporal de poroto de soja por más de USD 55 millones, encontrándose dichas actuaciones algunas con condenas y otras en trámite”, sumaron.
A través de un posteo en X, los empresarios del sector señalaron que era crucial “compartir la verdad detrás del decreto 1330/2004”.
“Establece condiciones para la importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo a otros países”, expusieron.
Y sumaron que el régimen “permite a Argentina importar soja en momentos de escasez local, procesarla con empleo industrial argentino y exportar al mundo productos con mayor valor agregado. Una estrategia clave para nuestra economía”.
“Es inaceptable que se siga persiguiendo a la agroindustria, pilar del país y parte central de la transformación productiva y exportadora que necesita Argentina”, enfatizó Idígoras.