La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) insistió en afirmar que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno habilita interpretaciones ambiguas con severo impacto sobre la libertad de expresión. Se trata de la iniciativa denominada “De defensa de la soberanía nacional”, que endurece sanciones respecto a los recursos naturales en las Islas Malvinas.
Frente a esta situación, la entidad anunció medidas formales ante el Congreso de la Nación. “ADEPA remitirá a los legisladores un análisis jurídico del proyecto de ‘Ley de Defensa de la Soberanía Nacional’, con especial atención a aquellos aspectos que puedan generar interpretaciones ambiguas con potencial impacto en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa”, informó la institución a través de un comunicado oficial.
El eje del reclamo se concentra en el artículo 111 del texto promovido por la gestión del presidente Javier Milei. Dicho articulado fija penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes actúen con financiamiento externo y “procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva” o financien actos de sabotaje contra el país.
Los cuestionamientos jurídicos
En su pronunciamiento, la entidad fijó postura sobre el cuidado institucional sin vulnerar garantías esenciales. “La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas”, sostuvo la organización, al tiempo que remarcó que “hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”.
Asimismo, los representantes de los medios hicieron foco en la vaguedad de los términos utilizados en el proyecto. “El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como ‘desinformación’, ‘manipular la opinión pública’, ‘campaña coordinada’, ‘alterar procesos electorales’ y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios”, alertó el informe.
Por último, la organización que nuclea a 180 empresas periodísticas del país remarcó la necesidad de limitar los alcances subjetivos de la ley. “Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”, concluyó el organismo que recientemente designó a Daniel Dessein al frente de su Consejo Ejecutivo.
