Adepa repudió el bozal a la libertad de expresión que prohíbe hablar de Jorge Lanata: “Un inaceptable caso de censura judicial”
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó en duros términos el fallo de la jueza Lucila Córdoba que, a solicitud de la abogada Elba Marcovecchio y en medio de un escándalo de denuncias cruzadas con las hijas del periodista internado en la clínica Santa Catalina, dispuso un bozal a la libertad de expresión y prohibió a los medios difundir “toda información” que involucre a Jorge Lanata.
“Adepa rechaza enérgicamente la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 8, por la cual se prohíbe ‘la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre’ al periodista Jorge Lanata y a su esposa”, afirma parte del comunicado de la entidad periodística.
“Se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa. El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado”, añaden desde Adepa.
Por otro lado, la entidad periodística citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa. Así, por ejemplo, el caso de la película ‘La Última Tentación de Cristo’ contra Chile”.
“El juez, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación”, remarcaron en Adepa.
Y concluyeron: “La censura judicial, en tanto puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público”.