La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) destacó como “un antecedente valioso frente al riesgo de judicializar las investigaciones periodísticas” la resolución de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que revocó las medidas cautelares que restringían la actividad profesional de los periodistas que investigaban al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino.
En un comunicado, ADEPA indicó que valora la decisión de los camaristas que revocó las medidas cautelares que restringían la actividad profesional de los periodistas Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa, quienes venían siguiendo de cerca las denuncias contra la conducción de la casa madre del fútbol argentino.
Un fallo previo de un Juzgado de Garantías de Pilar les había impedido a los periodistas que investigan a los directivos de la AFA “la captación, reproducción o exposición de datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar” de los dirigentes involucrados, limitando así el alcance de su trabajo de investigación.
La nueva resolución reconoce que “medidas de esta naturaleza pueden producir un perjuicio actual y concreto sobre el ejercicio del periodismo, especialmente cuando condicionan la posibilidad de investigar, comunicar, formular preguntas o cubrir asuntos de interés público”, advirtió la entidad periodística al valorar el fallo de la Cámara.
Además, la asociación resaltó la importancia de que “los tribunales revisen con especial cuidado toda restricción cautelar que pueda afectar directa o indirectamente la labor periodística”, al entender que cualquier límite preventivo puede tener un efecto inhibitorio sobre investigaciones de alto impacto público.
“La tutela de la intimidad y de la seguridad personal debe ser compatible con el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre personas, instituciones y hechos de relevancia pública”, añadió ADEPA, que en este expediente se había presentado como amicus curiae para advertir sobre los riesgos de trasladar al fuero penal discusiones propias del debate democrático.
En ese sentido, la entidad remarcó que la decisión de la Cámara marca “un antecedente valioso frente al riesgo de judicializar las investigaciones periodísticas mediante denuncias penales o medidas preventivas, contrarias con la prohibición de censura previa y al amplio debate e información que debe nutrir la discusión de temas de interés general”, poniendo el foco en la protección de la libertad de expresión.
ADEPA valora un fallo que protege el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión 👉 https://t.co/lcR6TZON1O
— ADEPA (@Adepargentina) September 3, 2026
El origen del llamado “bozal legal” contra los periodistas
El fallo que se conoció en los medios como “bozal legal” contra los cinco periodistas, el empresario Leandro Camani y los legisladores Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes habían promovido las denuncias penales contra Tapia y Toviggino, fue dispuesto meses atrás por el juez de Garantías de Pilar, Walter Saettone, a partir de una presentación del mandamás de la AFA.
Esa medida derivó en la prohibición de contacto con Tapia, Toviggino y su grupo familiar por cualquier medio, y en la prohibición de acercamiento a ellos y “a los lugares donde desarrolle sus actividades habituales, en un radio de 500 metros”, configurando un cerco judicial inédito en torno a los denunciados.
Además, el juez de Garantías había instado a los periodistas a evitar “realizar conductas que impliquen la captación, reproducción o exposición de datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante, no quedando alcanzadas por la presente aquellas manifestaciones o referencias vinculadas a su actuación pública o a asuntos de interés general, en tanto no impliquen contacto directo o indirecto con el mismo ni la difusión de datos personales”, en un intento por delimitar qué podía ser publicado.
Por eso, ADEPA sostuvo en su comunicado que “medidas de esta naturaleza pueden producir un perjuicio actual y concreto sobre el ejercicio del periodismo, especialmente cuando condicionan la posibilidad de investigar, comunicar, formular preguntas o cubrir asuntos de interés público”, y celebró que la Cámara de San Isidro haya puesto un límite a ese tipo de restricciones.
