La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por un nuevo protocolo de manejo de información pública aprobado por el fiscal general de San Juan, Guillermo Baigorrí, para el Ministerio Público provincial.
La entidad alertó que la Resolución General N° 26/2026 “constituye un antecedente preocupante para la libertad de prensa y para el control ciudadano de la administración de justicia”, al limitar el acceso de periodistas y medios a información de interés público.
Críticas al “efecto inhibitorio” sobre fuentes y periodistas
En un comunicado, ADEPA sostuvo que “el secreto de sumario, la protección de datos personales, la intimidad de las víctimas o la preservación de medidas investigativas son límites legítimos”, siempre que se apliquen “en forma específica, limitada a lo estrictamente necesario y con respaldo legal”.
Sin embargo, advirtió: “Al ordenar a funcionarios y agentes del Ministerio Público que se abstengan de brindar información que no sea previamente autorizada, desaconsejar intercambios personales con periodistas sobre causas en trámite y canalizar las consultas periodísticas a través de una única autoridad, el protocolo genera un claro efecto inhibitorio sobre fuentes, periodistas y medios”, remarcó.
Para la entidad, “ello empobrece el debate público y debilita la transparencia ciudadana sobre el funcionamiento del sistema penal”, al restringir la circulación de información sobre causas judiciales en curso.
Libertad de prensa y límites a las restricciones informativas
ADEPA subrayó que “la publicidad de los actos estatales y el acceso a la información de interés público son presupuestos esenciales de la libertad de prensa y del sistema democrático”.
En ese marco, puntualizó que “las restricciones a esa información deben ser excepcionales, precisas, fundadas y proporcionales”. Y advirtió: “No basta invocar de modo genérico la prudencia institucional, la reserva o el resguardo de una investigación para establecer mecanismos que puedan derivar en un monopolio oficial de la información contrario a los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y al artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica”, enfatizó.
Antecedentes internacionales y pedido de revisión
En esa línea, la asociación recordó que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo en Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary que el monopolio de información ejercido por una autoridad judicial podía equivaler a una forma de censura, cuando impedía reunir y transmitir información de interés público”, destacó.
Esa doctrina, añadió, “resulta especialmente relevante frente a medidas que, bajo la apariencia de ordenar la comunicación institucional, concentran el flujo informativo en un único canal oficial y restringen el contacto regular entre periodistas y fuentes públicas”, advirtió ADEPA.
Por todo ello, la entidad solicitó a las autoridades del Ministerio Público de San Juan “que revisen la medida y aseguren que toda regulación comunicacional respete el principio de máxima publicidad, el derecho de acceso a la información y la labor esencial que cumple el periodismo en una sociedad democrática”, concluyó.
