A confesión de partes…
El shock alcoholico de una nena de 11 años en Gualeguaychú conmoción a La Perla del Sur y entre tantos manifiestos el secretario de Gobierno, Guillermo Martínez, sorprende con un sinceramiento.
La comunidad de Gualeguaychú se conmocionó ante la noticia de que una nena de once años había tenido un shock alcohólico luego de participar de un cumpleaños de quince y de una velada nocturna en el boliche “El Angel” ubicado en calle San Lorenzo, en inmediaciones de la Costanera.
Es más, a raíz de esta situación el Consejo Provincial del Menor realizó una denuncia contra dicho boliche, según reconoció ayer públicamente su presidenta, Susana Gabini.
A nivel local, el Ejecutivo Municipal solicitó a la Departamental de Policía saber si tuvieron actuaciones en el lugar y en ese caso acceso a las actas.
El propósito es avanzar en una sanción al comercio, aunque el secretario de Gobierno, Guillermo Martínez, reconoció a El Argentino que en estos casos “el Estado llega tarde y mal”.
Simultáneamente, en una línea que no es paralela porque toca a este tema, la comuna viene realizando una serie de reuniones con prestadores turísticos y propietarios de boliches con el objetivo de que la temporada no se convierta en tierra de nadie, especialmente la zona de la Costanera que es el mayor paseo público que tiene la ciudad.
Pero Martínez propuso no quedarse en lo anecdótico y profundizar la situación en el contexto actual.
“Más allá de las responsabilidades familiares, que son ineludibles, la comunidad en su conjunto y el Estado deben replantearse muchas cosas”, indicó Martínez. “Los comerciantes que hacen la vista gorda o ejercen un control muy laxo ante el ingreso de menores a sus instalaciones y el Estado que tiene una serie de herramientas para sancionar que en el fondo no es más que una hipocresía”, advirtió.
El secretario de Gobierno explicó que las actuales Ordenanzas prevén una sanción económica irrisoria frente al daño individual y social por la venta de alcohol a menores. “Se trata de una multa de apenas 1.500 pesos como máximo y que es nada frente a los márgenes de ventas de bebidas”.
“Pero eso no es todo. El sistema de cobro de la multa torna imposible muchas veces sancionar de manera efectiva al comerciante” y seguidamente explicó cómo es el sistema.
El inspector labra el acta de infracción, que luego será elevado al Juzgado de Faltas. Este órgano cita al responsable del boliche y en caso de que ese titular no se presente no puede ser juzgado en rebeldía como ocurre en la Justicia Penal. En caso de que no se presente, la Municipalidad tiene que volver a citarlo de manera fehaciente, a través –por ejemplo- de una Carta Documento. A esta altura del trámite ya han transcurrido como mínimo casi tres meses.
El responsable del boliche se presenta y es notificado de la sanción de la multa, que se insiste es irrisoria. Una vez notificado de la sanción tiene derecho a acudir a través de un recurso de apelación al Honorable Concejo Deliberante (HCD). Si los concejales están en receso, directamente hay que olvidarse del asunto y todo queda en la nada por la temporalidad. Y si el Cuerpo está en sesiones, el trámite es tan largo que la temporada ya hace varios meses que terminó.
Es decir, que el sistema que la Ordenanza establece para sancionar una infracción de esta naturaleza, con viento a favor y sin que nada obstaculice el trámite, se materializaría recién entre abril y mayo.
La sanción más grave es la clausura, pero para el secretario de Gobierno también es una hipocresía. “La clausura opera como máximo por un tiempo de 90 días y dice la Ordenanza que en el lugar no se pueden llevar adelante por ese tiempo actividades bajo la responsabilidad del titular del boliche”.
“Ahora bien, lo que hacen los dueños de boliches ante una clausura y para no perder tiempo y con eso ganancias, es encontrarse un presta nombre y así inician de nuevo el trámite de habilitación, que el Estado no puede objetar. Esta es la barbaridad que venimos planteando desde el Ejecutivo Municipal a los concejales, pero todavía no hemos tenido eco”, sentenció Martínez.
“Por eso hablo de que todo es una hipocresía y es necesario adecuar las normas tanto en su sanción económica como en la clausura. Nosotros proponemos sanciones económicas ejemplificadoras y dolorosas para los bolsillos de los dueños de estos comercios. Y en materia de clausura preferimos no hablar de tiempo calendario por días sino directamente suspender a ese rubro, en ese lugar, como mínimo por dos o tres temporadas”, propuso el secretario de Gobierno.
“De esta forma, si un boliche es clausurado en ese edificio nadie, bajo ninguna titularidad, podrá volver a habilitar un nuevo boliche al menos hasta que pasen varias temporadas”, explicó.
“Esta propuesta es lógicamente resistida por los dueños de boliches e incluso por algunas inmobiliarias, que argumentan que no pueden desarrollar su negocio y se quedan sin comisiones por alquiler. Lamentablemente no encontramos consenso en los actores principales, porque no tienen en claro que el bien a tutelar es la salud individual, social y pública y con ella la vida”, recriminó Martínez, quien insistió en un sinceramiento por parte de los actores involucrados, “porque esta niña de once años alcoholizada es una víctima del sistema”.
Los concejales, que ahora están más entretenidos en desarrollar sus internas políticas dentro del Cuerpo, deberían tomar nota de esta perspectiva y brindar mejores herramientas a la sociedad para combatir este flagelo.
La semana pasada, en el salón del HCD se indicó claramente en las Jornadas sobre adicciones que el alcohol es el primer umbral por donde se ingresa a las drogas. Pero ese concepto quedará en una simple declamación en el desierto mientras las ordenanzas sigan siendo benévolas con quienes hacen del ocio y la sana diversión el ejercicio de la cultura de la muerte.