A confesión de parte… “Los procesos de compra de medicamentos en la ANSES estaban direccionados”
La investigación por presuntas irregularidades en las contrataciones de medicamentos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un giro significativo: el excoordinador de Gestión de Urgencias, Roger Edgar Grant, reconoció durante su indagatoria que los procesos de adquisición estaban direccionados y que actuaba siguiendo órdenes directas de Daniel María Garbellini, señalado como el “número dos” del entonces director Diego Spagnuolo.
Grant, quien administraba las compras a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS), se transformó en una figura clave del expediente. En su declaración, admitió “gran parte de los procedimientos irregulares” relacionados con el programa PACBI. Según fuentes judiciales, sostuvo que “todo lo hacía por orden de Garbellini”, incluyendo qué droguerías podían cotizar, los tiempos administrativos y el manejo de altas y bajas en el sistema. También confirmó que seguía de cerca quiénes habían logrado presentar sus ofertas, reforzando la idea de un esquema centralizado de direccionamiento.
Aunque delineó con precisión la operatoria, Grant omitió referirse a presuntas coimas: “de eso no dijo nada”, relató una fuente que siguió la audiencia. Sin embargo, el expediente contiene un dato que profundiza su situación judicial: su nombre aparece en cuadernos secuestrados durante un allanamiento al domicilio de Miguel Ángel Calvete, considerado parte del circuito interno que buscan reconstruir los investigadores.
La ronda de indagatorias continúa hoy con la declaración de Luciana Ferrari, exempleada de la farmacéutica Roche.
Mientras tanto, la defensa del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, intenta desarticular el corazón probatorio de la causa. Días atrás, los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera solicitaron su sobreseimiento y pidieron la nulidad de las resoluciones basadas en los audios que dieron origen a la investigación. Presentaron un informe pericial del especialista Miguel Ángel de la Torre Guijarro, que concluyó que las grabaciones fueron “editadas y modificadas múltiples veces”. Argumentan que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial, además de provenir —según afirman— de “escuchas ilegales”, por lo que no deberían ser aceptados como evidencia.