Este 30 de diciembre se cumplen cinco años de la aprobación de la Ley 26.710 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Sin embargo, un reciente informe de Amnistía Internacional Argentina advirtió sobre “retrocesos preocupantes” en la implementación de la norma, con foco en la suspensión de la compra de medicamentos, el desmantelamiento de programas de prevención y la reducción en la distribución de métodos anticonceptivos.
El informe, titulado “También es por vos”, señaló la persistencia de barreras preexistentes y nuevas que dificultan el acceso a los servicios de aborto en distintas provincias. En ese sentido, la organización destacó que durante el último año registró un aumento del 275 % en consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento vinculados a obstáculos para acceder a la IVE, en comparación con 2023.
Además, Amnistía precisó que entre enero y abril de 2025 se recibieron 160 casos, lo que representa el 133 % del total de denuncias registradas durante todo 2024, un dato que refleja la magnitud del problema.
Entre las causas de estos retrocesos, el informe subraya el avance de “discursos regresivos y políticas restrictivas” contra los derechos de mujeres y personas LGBTI+, impulsados —según la organización— en nombre de la denominada “ideología de género”.
Cinco años de la IVE: avances en salud pública
Pese a las advertencias actuales, Amnistía remarcó que desde la sanción de la ley se registraron avances significativos en materia de salud pública, que evidencian el impacto positivo del acceso al aborto seguro:
- Más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público entre 2021 y octubre de 2023.
- El 90 % de las interrupciones se realizaron durante el primer trimestre, gracias a la disponibilidad de información y atención de calidad.
- Se duplicó la cantidad de centros de salud que garantizan la IVE y la ILE en todo el país.
No obstante, la organización denunció que desde la asunción del presidente Javier Milei se produjo un “desmantelamiento sistemático” de las políticas de salud sexual y reproductiva.
Suspensión de insumos y programas clave
Entre las principales medidas cuestionadas, Amnistía enumeró:
- La suspensión de la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, insumos esenciales para garantizar el acceso a la IVE/ILE.
- El desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), pese a su impacto comprobado.
- Una drástica reducción en la entrega de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo.
En este contexto, la organización informó que durante 2025 recibió más de 400 casos vinculados a barreras de acceso al aborto, una cifra que triplica ampliamente las denuncias del año anterior. Si bien estos datos no reflejan la totalidad del país, señalaron que, ante la ausencia de estadísticas oficiales, constituyen un indicador relevante de la situación.
A modo de ejemplo, el informe recordó que en 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 de combipack, mientras que en 2024 no se entregó ningún insumo a las provincias para garantizar el acceso al aborto. Como consecuencia, más de la mitad de los efectores reportaron falta de misoprostol y casi la totalidad informó desabastecimiento de mifepristona y combipack, a lo que se suma una reducción del 81 % en la distribución de anticonceptivos y test de embarazo entre 2023 y 2024.
Barreras donde debería haber atención
Amnistía denunció además un patrón reiterado de obstáculos en lugares donde debería existir atención y acompañamiento. Hospitales públicos de distintas localidades informaron que no cuentan con medicación disponible, pese a que la provisión de insumos es una obligación legal del Estado.
En otros casos, se exige a las personas comprar misoprostol por cuenta propia, una práctica ilegal y económicamente inaccesible para muchas, junto con consejerías disuasorias, maltratos y hostigamientos destinados a forzar un cambio de decisión.
A ello se suma la falta de información oficial. “No hay campañas de difusión, la línea 0800 de Salud Sexual presenta dificultades y no se publican datos actualizados sobre la implementación de la ley”, alertó la organización. En ese marco, casi el 60 % de los casos recibidos en 2025 corresponden a barreras en el acceso a información clara y precisa sobre dónde y cómo acceder a un aborto legal.
