Causa Harguindeguy: perpetua a dos represores pero con prisión domiciliaria
El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a prisión perpetua a los jefes militares de Concordia y Gualeguaychú, Naldo Miguel Dasso y Juan Miguel Valentino. Se los encontró coautores responsables de los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilícito de domicilio, privación ilegal de la libertad y tomentos; así como las desapariciones forzadas seguidas de homicidio agravado de Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma Beatriz González y Alfredo Dezorzi.
Quienes integraban la Policía Federal de Concepción del Uruguay, Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez, recibieron penas de 10 y 15 años, pero todos gozarán del beneficio de reclusión domiciliaria. Fueron absueltos los expolicías Juan Carlos Mondragón y Marcelo Pérez, y el militar retirado Santiago Kelly del Moral.
“Prisión perpetua para Juan Miguel Valentino”. La primera condena sacudió la sala. El jefe militar de Gualeguaychú era responsabilizado por los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilícito de domicilio, privación ilegal de la libertad y tomentos. También debía dar cuenta de las desapariciones de Norma Beatriz González y Alfredo Dezorzi.
“Este es un acto de Justicia que no se les dio a nuestros familiares. Tuvimos que esperar mucho para que esto pasara”, reflexionó conmovido el hijo de Dezorzi, Emanuel, al término de la audiencia.
La lectura continuó con Naldo Miguel Dasso, quien igualmente recibió la pena de prisión perpetua. Además de los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilícito de domicilio, privación ilegal de la libertad y tomentos; pesan sobre sus hombros y su conciencia las desapariciones de Sixto Zalasar y Julio Solaga.
Para los expolicías federales Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez las penas fueron menores. Deberán cumplir 10 y 15 años de reclusión, respectivamente, por crímenes cometidos en Concepción del Uruguay durante la última dictadura cívico-militar. Mientras que Juan Carlos Mondragón, Marcelo Pérez y Santiago Kelly del Moral fueron absueltos de todos los hechos por los que se los había imputado, publicó Análisis Digital.
Los represores gozarán del beneficio de prisión domiciliaria, lo que causó profundo malestar entre los allegados a las víctimas. “Dasso, ¡mirame la cara!”, gritaba la hermana de Sixto, Graciela Zalasar. Otras personas intentaron llegar al exjefe militar y se vivieron momentos álgidos en los que Gendarmería sirvió de barrera. El clima se puso aún más tenso cuando dos mujeres se descompusieron.
Sin sorpresas, los acusados usaron las últimas palabras para asegurar que nada tuvieron que ver con los delitos de lesa humanidad investigados. Dasso se limitó a agradecer la labor de los abogados defensores y el apoyo de su entorno. Valentino, por su parte, insistió en que durante el proceso “no se aportaron pruebas fehacientes” y que los testigos refirieron a “hechos inexistentes”. A su vez, afirmó ser “una persona de bien” y lamentó haber sido objeto “infamias” por parte de la prensa.
“Para mí fue una sorpresa encontrarme con esta causa, que ha cambiado mi vida radicalmente”, confió a su turno Kelly del Moral. En consonancia, Rodríguez dijo estar tranquilo: “No detuve, interrogué ni torturé a nadie, porque no es mi forma de proceder ante la sociedad”, asentó.
Crescenzo remarcó que su vida ha sido un “infierno”, sin “ninguna causa que lo determinara”, y aludió a su deterioro físico: “Dejé de ser un ser humano”, disparó. El ex policía Mondragón prefirió guardar silencio. Pérez no pudo presenciar la jornada por razones de salud.
En la sala de audiencias y en la calle
Desde diferentes puntos de la provincia expresos políticos y militantes sociales llegaron este jueves por la tarde a Paraná. Sobre calle 25 de Mayo al 256 se podían ver banderas de organizaciones de derechos humanos y agrupaciones políticas: La Cámpora, Federación Juvenil Comunista (FJC), JP Descamisados, Peronismo Militante (Concordia) y el Centro Cultural Juan Casco.
Mientras tanto, en la sala se encontraban familiares de las víctimas; los hermanos Emilio y Jaime Martínez Garbino; la intendenta de Paraná, Blanca Osuna; el vicegobernador, José Cáceres; el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y el subsecretario de Derechos Humanos, Julián Froidevaux. Asimismo, estaban el diputado provincial Martín Uranga y la titular del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, María Luz Piérola.
Tres ciudades, un plan sistemático
La megacausa abarca delitos cometidos en tres localidades entrerrianas. El expediente referido a Concepción del Uruguay incluye las detenciones de César Román, Juan Carlos Romero, Juan Carlos Rodríguez y Roque Minatta, integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES); y de Carlos Martínez Paiva, militante de la juventud Peronista (JP). Por su parte, Jorge Orlando Felguer y Hugo Emilio Angerosa fueron secuestrados por el Ejército en Gualeguaychú. Todos estuvieron privados de la libertad en la Policía Federal uruguayense.
De lo narrado por los testigos, se desprende la participación en los secuestros del sargento Rodríguez y del agente de Inteligencia Darío Mazzaferri (prófugo de la Justicia), quienes a su vez aplicaban las diversas técnicas de tortura. En tanto, el comisario Crescenzo se encargaba de un trabajo “fino”, que apuntaba más a lo psicológico. También está acusado Valentino, debido a su injerencia en la zona.
En cuanto al Área Concordia, las víctimas de los hechos fueron los desaparecidos Sixto Francisco Zalasar y Julio Alberto Solaga; además del ex preso político Juan José Durantini, privado de su libertad entre marzo y diciembre de 1976. Permaneció detenido en el Regimiento de Caballería y luego fue trasladado a las cárceles de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Coronda (Santa Fe).
Por el Área Gualeguaychú se investigaron las detenciones de los hermanos Martínez Garbino, ocurridas en octubre de 1976. Ambos fueron llevados a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, posteriormente al Escuadrón de Exploración y de allí a la Unidad Penal Nº 2 de Resistencia. Emilio fue dejado en libertad el 24 de diciembre de 1977 y Jaime el 26 mayo de 1978.
Raúl Horacio Ingold fue secuestrado el 25 de octubre de 1976 por personal uniformado del Ejército y trasladado al Escuadrón de Exploración. Dos semanas más tarde, fue llevado a la cárcel local y luego a la unidad penal de Resistencia. Su libertad vigilada se produjo en agosto de 1978.
La causa también contiene las detenciones de Héctor Rodríguez, Félix Donato Román y Enrique Roberto Zapata, las cuales tuvieron lugar el 24 de marzo de 1976. De la misma manera, sigue las desapariciones forzadas de Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi.
Por estos crímenes estaban imputados Valentino, Dasso, Kelly del Moral, Pérez y Mondragón.
Palabra de Blanca Osuna
La intendenta Blanca Osuna presenció la lectura del veredicto en la Causa Harguindeguy, que tuvo lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná. En este contexto, Osuna criticó “el hecho de que efectivamente no haya prisión en cárcel común, como lo que hoy escuchamos en las condenas de los casos de Rosario. Tenemos que apostar a que estos fallos definitivamente se reviertan. Estamos hablando de cumplimiento efectivo de las penas de personas que no dudaron en hacer desaparecer y en asesinar teniendo el poder del Estado”, sostuvo.
Luego de que se dieran a conocer las sentencias en el juicio contra siete represores que actuaron en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú durante la última dictadura cívico-militar, la intendenta Blanca Osuna dijo sentir “por un lado el orgullo de saber que se llega a esta instancia después tantos años y de una definición tan fuerte como fue el de nuestro gobierno de Néstor Kirchner de concretar estos juicios, pero al mismo tiempo una mezcla de muchísimo dolor e indignación porque la muerte de Harguindeguy frustra su merecido castigo, y este sobreseimiento es casi como una mueca, es una burla”.
Al mismo tiempo, expuso que “el hecho de que efectivamente no haya prisión en cárcel común como también lo escuchamos hoy en las condenas de los casos de Rosario, también nos conmueve porque en realidad creemos que no es un tema personal; estamos hablando de cumplimiento efectivo de las penas de personas que no dudaron en hacer desaparecer y asesinar teniendo el poder del Estado”.
En ese sentido, Blanca Osuna destacó “la esperanza de saber y apostar a que estos procesos definitivamente se aceleren, porque los juicios tan lentos han ido a contrapelo de esa demanda de justicia que los familiares, víctimas y asociaciones de derechos humanos, madres y abuelas han sostenido con tanta insistencia y compromiso, con tanto coraje y entrega. Esto también es una enseñanza”.
Además sostuvo: “sabemos que esto no es un regalo, sino el fruto del esfuerzo de nuestras madres y abuelas, de nuestros organismos de derechos humanos y de la decisión política de nuestro querido Néstor Kirchner y de nuestra Presidenta Cristina Fernández, de avanzar en un camino del que no haya retorno, el camino de la memoria, de la verdad y de la justicia”.
Finalmente Osuna resaltó: “que se estén llevando a cabo estos juicios, es un triunfo de la democracia. Si no hay memoria histórica de lo que vivió y sufrió nuestro pueblo, de la cantidad de vidas que costó esta democracia que hoy vivimos, no podemos continuar su construcción y consolidación. La lucha por los derechos humanos implica no perder esa memoria porque es la que nos permite construir un país con justicia social para que no se atropelle nunca más ninguno de los derechos de los hombres y mujeres de nuestra Argentina”.
Luego de la sentencia, el cantante Ignacio Copani dio un recital gratuito en un escenario montado sobre calle 25 de Mayo; lo mismo hizo la banda paranaense Acólitos Anónimos. La actividad fue organizada por el Gobierno de Entre Ríos, los municipios de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay y la Comisión Provincial por la Memoria.