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ANMAT clausuró el polémico laboratorio durante la pandemia, HLB Pharma

Tras una serie de inspecciones silenciosas y prolongadas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la clausura operativa de HLB Pharma, un laboratorio que cobró notoriedad durante la pandemia y el gobierno de Alberto Fernández, al ser el gestor del trámite para aprobar la vacuna Sputnik en Argentina. Esta firma había protagonizado un controvertido viaje a Rusia, en el que participó Ariel García Furfaro, empresario identificado con el kirchnerismo, accionista de HLB y actual dueño del canal de noticias IP.

La intervención de ANMAT se precipitó tras un brote de neumonía detectado en La Plata y Rosario, vinculado con la bacteria Klebsiella pneumoniae, presente en un lote de fentanilo producido por el laboratorio. Este lote fue retirado del mercado el pasado 8 de mayo. Ante esta situación, la ANMAT suspendió a HLB Pharma y a Laboratorios Ramallo —empresa relacionada— para producir y vender medicamentos, por “graves y reiteradas irregularidades en la calidad y trazabilidad” de sus productos.

El organismo, liderado por Agustina Bisio y bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, también presentará denuncias penales contra García Furfaro y su socio Jorge Salinas, quien ya estuvo involucrado en la causa conocida como la “Mafia de los Medicamentos”, denunciada por Graciela Ocaña durante el kirchnerismo.

Las sanciones contra HLB no sorprenden dentro del sector. En los últimos meses, ANMAT le prohibió la distribución de dopamina, retiró lotes de Propofol por sospechas de falsificación y bloqueó la comercialización de diclofenac, morfina y fentanilo por contaminación cruzada. En paralelo, Laboratorios Ramallo arrastra desde febrero una suspensión por “deficiencias graves en sus procesos de elaboración”.

Un historial de escándalos y vínculos políticos

El historial de Ariel García Furfaro y Jorge Salinas está marcado por fracasos y conflictos judiciales. En 2016 quebró Laboratorio Apolo, que producía suero fisiológico para el Estado. Poco después de ser fallido por la Justicia comercial, una explosión en su planta de Rosario provocó heridos y destruyó el edificio. Esa firma también fue investigada por contrabando, al igual que HLB Pharma.

En el ámbito judicial, García Furfaro estuvo preso hasta 2005 por lesiones graves, y en ese tiempo se recibió de abogado. Salinas, por su parte, fue vinculado a defraudaciones al PAMI en el marco de la red conocida como “la Mafia de los Medicamentos”, y estuvo al frente de Rigesin Laboratorios, empresa investigada por evasión fiscal con comprobantes apócrifos.

Además de su faceta empresarial, García Furfaro cultivó su vínculo con el kirchnerismo desde su juventud. En 2012, abrió una verdulería llamada “Colina”, en el barrio de Flores, cuyo nombre y eslogan —”menos que el INDEC”— hacían alusión a los tiempos de manipulación estadística y programas como “Verduras para Todos”. En ese entonces, militaba para Alicia Kirchner.

Con la llegada de la pandemia, reapareció con HLB Pharma en el polémico viaje a Rusia, donde su firma buscaba inscribir la vacuna Sputnik en un registro especial de la ANMAT. Sin embargo, las irregularidades detectadas en la documentación y la falta de capacidad técnica llevaron al Gobierno a marginar al laboratorio y negociar directamente con Rusia a través de la ministra Carla Vizzotti y Cecilia Nicolini, acompañadas por otras figuras del entorno kirchnerista como Mariana de Dios y la esposa del exministro Daniel Gollan.

En esa época, HLB Pharma producía elementos básicos como cofias y camisolines, además de fraccionar genéricos y barbijos. Por estos últimos también fue sancionada por ANMAT. Al mismo tiempo, arrastraba un juicio con ARBA por deudas fiscales. En los papeles presentados ante el Estado, figuraba como apoderado Andrés Quinteros, exdiputado bonaerense del Frente para la Victoria y referente del PJ.

Mientras la ANMAT continúa con su investigación, el caso HLB Pharma se convierte en un nuevo capítulo de irregularidades en el sistema de control sanitario, con fuertes implicancias políticas y judiciales.

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