Milei encabeza el ranking de agresiones a la prensa publicado por el Fopea
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) presentó su informe anual y advirtió sobre un marcado crecimiento de las agresiones contra la prensa durante 2024 en todo el país. La entidad, que en distintas oportunidades instó al presidente Javier Milei a mantener “una relación institucional madura con la prensa, respetando el disenso y la crítica”, contabilizó 179 agresiones en el último año, lo que representa un 53% más que en 2023 y el doble que en 2022.
El relevamiento de Fopea indicó que el 45,25% de los casos correspondió a discursos estigmatizantes, es decir, expresiones que dañan la reputación de los periodistas. De esos ataques, el 65,43% provinieron directamente del presidente de la Nación, según detalló el informe. Además, el 80% de las agresiones tuvo origen estatal o paraestatal, una cifra que refleja un incremento significativo respecto de 2023, cuando ese origen representaba apenas la mitad de los casos.
Entre los ataques registrados, Fopea identificó distintos tipos: agresiones físicas o amenazas contra periodistas y sus familias, vandalismo contra bienes personales o herramientas de trabajo, censura, retiro de pauta oficial por razones ideológicas, restricciones en el acceso a la información pública, abusos de poder estatal como el uso intimidatorio de fuerzas de seguridad o de inteligencia, y acciones judiciales contra periodistas.
El Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea, integrado por periodistas de todo el país, se dedica a detectar estos ataques, ya sean directos o sutiles, en defensa del ejercicio periodístico como pilar fundamental de la democracia. Desde su creación en 2006, y con un registro sistemático iniciado en 2008, ha documentado la evolución de los casos de violencia contra la prensa, alcanzando en 2024 su cifra récord con 179 casos. El informe lleva el título: “El asedio al periodismo debilita la democracia”.
En el ranking de agresores, Milei figura en primer lugar con 56 intervenciones. Lo siguen “allegados a personas con poder” con 25 casos, y el “personal policial”, con 16 casos.
El informe también revela que más de la mitad de los ataques estuvo influenciada por la grieta política, donde los agresores acusan a periodistas o medios de pertenecer a una línea ideológica contraria. A su vez, el 44% de los casos involucró violencia digital, que potencia el impacto de las agresiones, y en muchos casos incorporó comentarios machistas o misóginos, particularmente provenientes del propio presidente en seis de siete episodios detectados.
Según un relevamiento realizado por la consultora Methodo, especializada en big data, las expresiones descalificatorias más utilizadas por Milei contra periodistas fueron: “ensobrados”, “pauteros”, “imbéciles”, “violento”, “burra” y “periodismo en llamas”, además de términos como “esbirros”, “corruptos” y “soretes”. El análisis abarca el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024.
En las últimas semanas, Milei apuntó directamente contra periodistas de LA NACION, como Carlos Pagni, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz y Florencia Donovan, tanto a través de redes sociales como en entrevistas públicas.
El informe también cuestiona el rol del vocero presidencial, Manuel Adorni, a quien Fopea exhortó a mantener la distancia y el respeto hacia los periodistas y a evitar la utilización de canales oficiales para ridiculizar el trabajo de la prensa, tras un incidente con el periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada.
Fopea presentó además un análisis provincia por provincia y sumó un texto de Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, titulado “Los insultos no son libertad de expresión”. Allí, Gil Lavedra destaca un fenómeno inédito: “En los últimos tiempos, somos testigos de la naturalización de insultos, agravios y epítetos humillantes dirigidos principalmente a periodistas, pero también a figuras públicas y dirigentes políticos, desde el propio Presidente de la Nación”.
Finalmente, Fopea volvió a rechazar los cambios impulsados por Milei en la ley de Acceso a la Información Pública, advirtiendo que representan “un grave retroceso democrático”, ya que limitan el acceso a datos públicos, desalientan la participación ciudadana y opacan la transparencia estatal.