Caso Vialidad: Cristina Fernández de Kirchner rechazó el pedido del fiscal para que la condenen por asociación ilícita
La defensa de Cristina Kirchner rechazó el planteo del fiscal general Mario Villar, que solicita que se la condene como jefa de una asociación ilícita, además del delito de administración fraudulenta, en el caso Vialidad. Si se considerara ese planteo, se duplicaría la pena que le impuso el TOF 2, y pasaría a doce años de prisión.
El abogado Carlos Beraldi dijo que la presentación del representante del Ministerio Público Fiscal no tenía sustento jurídico y que no le correspondía apelar la confirmación de la Cámara de Casación sobre la acusación que pesa sobre la ex vice.
También añadió: “Mientras al imputado y a su defensor les asiste el Derecho Constitucional de recurrir la sentencia condenatoria, por imperio de la garantía en trato, las partes acusadoras sólo pueden deducir impugnaciones en los casos expresamente previstos en el ordenamiento de rito, ya que, repetimos, el derecho al doble conforme únicamente ampara al acusado”.
Es decir: la ex vicepresidenta y presidenta considera que el fiscal general no tenía porqué presentar la apelación y solicitar que se agrave su condena.
En la presentación, la defensa dijo que los fiscales de juicio “reclamaron que Cristina Fernández de Kirchner fuese condenada a la pena de doce (12) años de prisión, mientras el Tribunal le impuso una pena de seis (6) años de prisión, esto es, la mitad de la sanción solicitada” y señaló que el Ministerio Público Fiscal “no puede impugnar el decisorio reclamando un incremento” de la pena privativa de la libertad o del monto de decomiso.
“Resulta claro que el fiscal general no ha logrado demostrar la concurrencia de una cuestión federal suficiente, ni tampoco un supuesto de arbitrariedad que habilite la vía extraordinaria procurada. Esta circunstancia, por sí misma, sella la suerte adversa de su pretensión recursiva”, dijo el abogado Beraldi.
El viernes vencen los plazos para que todas las partes respondan sobre la apelación del fiscal general y así, la Sala IV de la Cámara de Casación podrá pronunciarse al respecto: si concede los recursos o no. En caso de no hacer lugar, las partes irán en queja ante la Corte Suprema.