“En tal sentido paso a formular el correspondiente requerimiento de instrucción, impulsando la acción penal con el objeto de determinar, si existió una amenaza coactiva”, sostiene el dictamen.
Para determinar si los hechos denunciados ocurrieron tal cual se relataron y en tal caso, si tienen relevancia jurídica, es decir, que puedan determinar alguna conducta penal, el fiscal Ramiro González impulsó una serie de medidas de prueba.
En el dictamen se realizó un pedido a la titular de la Cámara de Senadores de la Nación, Victoria Villarruel y al titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, para que “remitan la totalidad del material audiovisual que se encuentre registrado vinculado con los hechos aquí denunciados”.
A su vez, se requirió que informen si en el lugar donde ocurrió la supuesta agresión física “existen cámaras de seguridad que hayan grabado el episodio y en caso afirmativo, se remitan las mismas”.
Dentro de las medidas impulsadas por el representante del Ministerio Público Fiscal, se solicitó que se informe si se ha labrado sumario o actuaciones administrativas vinculadas con los hechos investigados en este expediente.
Finalmente, se indicó que se deberá informar si el diputado Facundo Manes tiene “asignado custodio y/o chofer, y en su caso deberán informar los datos filiatorios del mismo”.
Para “comprobar la virtualidad delictiva de los hechos”, el fiscal federal pidió que se libre oficio a los grupos de medios televisivos, “requiriendo la remisión del material alusivo a los hechos denunciados”.
Al Poder Ejecutivo se le envió un oficio, específicamente a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, para que informe si Santiago Caputo “cuenta con custodia asignada. En caso afirmativo, deberá remitir los datos filiatorios de las personas asignadas a su custodia que cumpliera funciones el día de los hechos”.
