UPCN rechazó las evaluaciones públicas y advirtió sobre posibles medidas de fuerza
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) expresó su rechazo al Sistema de Evaluación Pública (SEP), una medida impulsada por el Gobierno como requisito para renovar los contratos de miles de trabajadores estatales.
Desde el gremio calificaron al sistema como “un atropello a la dignidad laboral” y advirtieron sobre la posibilidad de tomar medidas de fuerza si las evaluaciones terminan siendo un mecanismo encubierto para despedir empleados.
El comunicado emitido por la organización sindical, que representa a un importante número de empleados públicos, sostuvo que estas evaluaciones “no cumplen con los estándares de seriedad y planificación necesarios” y carecen de transparencia. También subrayaron que el SEP no toma en cuenta las especificidades de las funciones laborales, poniendo en riesgo la estabilidad de trabajadores esenciales y profesionales con décadas de experiencia.
Ante la consulta de si el gremio llegaría a parar por esta cuestión, Andrés Rodríguez, respondió afirmativamente. UPCN no se opondrá el examen en sí, pero si al eventual despido que se derivaría si el trabajador no lo aprueba: “Esto del examen es una decisión unilateral del Ejecutivo y nosotros vamos a acompañar, aunque nos parece fuera de lógica que se tomen exámenes a gente que tiene 7, 8, 9 o 10 años de experiencia en la administración pública. Si lo quieren tomar, que lo tomen. Pero nosotros vamos a defender la estabilidad del trabajo”.
El gremio denunció que estas evaluaciones podrían utilizarse como una “variable de ajuste” y exigió garantías de que no se convertirán en un instrumento de precarización laboral. “No vamos a permitir que este examen sea utilizado como un mecanismo para vulnerar derechos adquiridos”, agregó Rodríguez.
El SEP afecta a cerca de 58.000 trabajadores estatales con contratos temporarios, según estimaciones gremiales. Estos empleados, muchos de los cuales llevan años en sus puestos, deberán someterse a una evaluación obligatoria para conservar su empleo. Las pruebas incluirán conocimientos en áreas como comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y legislación administrativa.