Jueces designados por Decreto: la Oposición entregó una nota de rechazo a Guillermo Francos
Mientras crecen las versiones de que el Gobierno tendría decidido avanzar con nombramientos por decreto, si el Senado no se expide, legisladores de la principal oposición advirtieron que eso es inaceptable y así se lo hicieron saber a través de una nota que le entregó en manos propias el senador José Mayans al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El documento fue firmado por una veintena de senadores, donde asumen “el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional”.
El citado artículo reza que el presidente “puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.
Para los senadores de UP está bastante claro en la redacción constitucional e interpretación pacífica de la doctrina que el término “empleos” hace referencia “al personal militar y diplomático que depende directamente del PEN, pero que requiere acuerdo del Senado de la Nación”.
Así las cosas, los senadores plantean que el mecanismo de designación de los integrantes de la Corte, en tanto cabeza del Poder Judicial, “es único y está previsto en el inciso 4 del artículo 99, que, además, establece el proceso de designación de todos los miembros del Poder Judicial. Resulta, por lo tanto, inaplicable para estos casos, lo dispuesto por el inciso 19 del mismo artículo”.
El citado inciso 4 dice textualmente que el presidente “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.
Es por eso que los senadores de UP consideran que la designación “en comisión” de un juez o jueza en la Corte “resulta manifiestamente inconstitucional y constituye una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país”.
“Atendiendo la gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo nacional, quienes suscriben la presente acta se comprometen además a iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho”, concluye el texto que lleva también las firmas de José Mayans, Mariano Recalde, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, José Neder, Sergio Uñac, Mariano Lewandowski, Lucía Corpacci y María Inés Pilatti Vergara, entre muchos otros.