“Es un retroceso”: El bloque de Pro rechazó el decreto de Milei que limita el acceso a la información pública
El bloque de diputados de Pro, que conduce Cristian Ritondo, rechazó hoy de forma “categórica” el decreto del presidente Javier Milei que limita el acceso a la información pública. En un nuevo gesto de diferenciación de la Casa Rosada, la bancada del partido que lidera Mauricio Macri a nivel nacional consensuó un pronunciamiento para expresar su preocupación por la decisión del Gobierno de fijar nuevos límites a los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo.
Además, los legisladores de la fuerza cuestionan que el jefe del Estado haya avanzado con las modificaciones de la norma, que se sancionó durante la presidencia de Macri, por vía reglamentaria y sin buscar consensos.
Los representantes de Pro en la Cámara Baja definieron emitir un comunicado después de la última reunión de bloque. Silvana Giudici, secretaria parlamentaria de la bancada y extitular del Enacom, se había puesto al frente de la defensa de la ley 27.275 sobre Acceso a la Información Pública después de que Milei oficializara el decreto reglamentario.
La nueva norma establece que quedan fuera de la información que el Estado está obligado a dar los datos que “por su propia naturaleza” hacen “al ámbito privado del funcionario”. Incluso introduce el concepto de “buena fe”, que permite sanciones a quienes la Justicia considere que abusan de los pedidos de acceso a la información.
La publicación motivó el enérgico rechazo de organizaciones de la sociedad civil especializadas, como Fopea y Poder Ciudadano, que emitió un comunicado en el que expresó su “preocupación” por el decreto y dijo que la nueva norma olvida que el principio fundamental “es que la información se presume pública y el secreto es la excepción”.
Según Pro, la normativa que impulsó Macri debe “mantenerse intacta”. “Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública”, resaltó la bancada que lidera Ritondo.
“Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también les brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado”, añadieron.
Por último, el bloque de Pro advirtió que “alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia”.
El decreto 780/24, que está firmado por el presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, puso en guardia a los referentes del macrismo en el Congreso, pero también generó malestar entre los dirigentes que responden a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. De hecho, Giudici, cercana a la funcionaria de Milei, se opuso al espíritu de la reglamentación que dispuso la Casa Rosada. Fernando Iglesias también se expresó en contra de los cambios.
La ley de acceso a la información pública es considerada por Macri como un activo de su gestión nacional. “Las medidas de gobierno abierto, digitalización y participación activa implementadas en ese período fueron de avanzada”, puntualizó Giudici. A su vez, la diputada subrayó que “el acceso a la información pública sin restricciones favorece a los entornos de control público y acerca la administración al ciudadano”.
“Siendo la justicia la encargada de determinar la pertinencia de la información solicitada por los ciudadanos si hubiera denegación, no corresponde a funcionarios la evaluación de la eventualidad de un ‘daño o perjuicio’ sobre la información pública entrega”, abundó.
Además, los laderos del expresidente en el Congreso creen que el Gobierno volvió a saltearlos y evitó consensuar con las bancadas de Pro una medida oficial. Milei y Macri se habían reunido en los últimos días para lograr la coordinación de sus fuerzas en el Congreso y recuperar la sintonía política, tras los cortocircuitos por los desmarques de los bloques de Pro en la votación de la ley jubilatoria o del decreto con el que el presidente le asignó 100 mil millones de pesos a la SIDE en fondos reservados.
El decreto de Milei que estableció nuevos límites al derecho de todas las personas, garantizado por ley, de acceder a la información pública también generó críticas de otros espacios políticos en el Congreso. La bancada de la UCR reclamó al Poder Ejecutivo que derogue la medida, “por inconstitucional y lesionar el derecho humano de Acceso a la Información Pública”. “Rechazamos cualquier recurso que descienda el estándar de libertad de información alcanzado en la Argentina”, sostuvo Karina Banfi, vice del bloque del radicalismo.