Villarruel incluyó en la sesión del jueves un proyecto que le pone un límite a los sueldos del presidente, los jueces de la Corte y otros cargos políticos
La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó este martes a una sesión especial en el Senado para debatir sobre el polémico aumento de sueldos en la Cámara Alta y un proyecto de ley del senador K José Mayans que dispone un tope máximo para los sueldos de autoridades de los tres poderes del Estado, entre los que están el presidente, los jueces de la Corte Suprema y otros cargos políticos.
“Como presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos”, escribió la vicepresidenta en X.
El jueves, se espera que la Cámara Alta dé marcha atrás con la nueva suba de 6,5 por ciento en dos tramos que está previsto en la paritaria de los empleados del Congreso y que también beneficia a los senadores, que tiene sus dietas atadas a esa negociación.
La convocatoria llega después de que los presidentes de los bloques del Senado acordaran renunciar al “enganche” que le permitía cobrar los incrementos acordados en paritaria por los empleados del Congreso.
En su tuit, la vicepresidenta hizo hincapié en que convocaba a la sesión para “terminar con las sobreactuaciones que parasitan a la política”, en lo que se lee como una respuesta al presidente Javier Milei y a los dirigentes oficialistas que criticaron dureza el aumento en las dietas.
En la sesión especial del jueves, la vice accedió a que se debata un proyecto de Mayans que dispone de un tope máximo para las dietas de autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Este proyecto prevé un límite de 20 salarios mínimos en las remuneraciones del presidente, vicepresidente, jueces de la Corte Suprema de Justicia, senadores, diputados, procurador y defensor General, consejeros de la Magistratura, auditores generales, defensor del Pueblo de la Nación y personal del Servicio Exterior, entre otros cargos políticos.
“Pretendemos así brindar parámetros claros a los fines de que las remuneraciones de quienes se encuentran ocupando lugares de decisión puedan ser objetivamente validadas, pero separando estas responsabilidades/retribuciones de las de trabajadoras y trabajadores públicos”, dice el proyecto del senador formoseño en sus argumentos.