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Fabiola Yañez se opuso a que la causa contra Alberto Fernández pase a la Justicia de San Isidro

Esta semana será decisiva para saber si la investigación contra Alberto Fernández por los nueve hechos atribuidos en el marco de la violencia de género continuará en Comodoro Py o no. La abogada del ex presidente presentó hace más de una semana un escrito solicitando que el expediente tramite en el juzgado federal de San Isidro que tiene jurisdicción sobre todo lo que transcurre en la quinta de Olivos.

Pero la representante legal de Fabiola Yañez, en su carácter de querellante, rechazó el planteo recordando que los hechos de violencia, maltrato, abuso, hostigamiento, y acoso iniciaron en 2016 en Puerto Madero. En los próximos días se espera la respuesta del fiscal Ramiro González para que después, se pronuncie el magistrado.

El caso por presunto maltrato está en manos del juez Julián Ercolini, a quien Alberto Fernández ya intentó correr de la causa por supuesta corrupción en la contratación de seguros para el Estado. Adujo “temor a parcialidad”, lo cual fue rechazado. Ahora intenta sacarle la otra investigación.

La letrada Mariana Gallego al rechazar que el expediente se vaya de Comodoro Py, recordó en la presentación ante el juzgado que los hechos que ratificó durante la audiencia con la fiscalía -sucesos de violencia, maltrato, abuso, hostigamiento y acoso- comenzaron cuando vivían juntos en el barrio porteño.

De esta manera, al rechazar que la causa tramite en el juzgado federal de San Isidro, la defensa reiteró que todo comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -lo que le otorga jurisdicción a Comodoro Py para intervenir-. Pero además, sostuvieron que los hechos de violencia no cesaron, sino que continuaron y se “incrementaron” a lo largo del tiempo, ubicando como sede de los episodios la quinta presidencial de Olivos, pero también que se reiteraron en Capital Federal, en cuanto a los actos de “hostigamiento y amenazas”.

En ese sentido, se mencionó que los delitos atribuidos a Alberto Fernández, no se circunscribieron a una única jurisdicción, sino que se sucedieron en distintos lugares pero que constituyen una única mecánica de violencia de género. La persona que cometió esos hechos es la misma, el ex jefe de Estado; y la víctima siempre fue la misma.

Ante este escenario, la querella entiende que no es un buen criterio particionar la causa y dar intervención a distintos jueces según la jurisdicción donde los hechos ocurrieron, ya que eso atentaría contra el avance de la investigación. “Las medidas de prueba podrían duplicarse, superponerse, e incluso podría haber decisiones contradictorias”, explicaron fuentes allegadas a la causa.

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