El juez Casanello le da 72 horas a Pettovello para que presente un informe sobre la distribución de alimentos
El juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Sandra Pettovello, que en un plazo de 72 horas presente un informe detallado sobre el destino final de los alimentos distribuidos en el marco del convenio con la Fundación Conin. La solicitud incluye la presentación de remitos firmados por los beneficiarios de estos productos.
Esta no es la primera vez que Casanello emite una intimación de este tipo, aunque el ministerio ha apelado todas las decisiones judiciales previas. En junio pasado, el juez ya había exigido a Pettovello un plan para la distribución de productos almacenados en depósitos ubicados en Villa Martelli, Buenos Aires, y Tafí Viejo, Tucumán.
Productos próximos a expirar
Uno de los puntos de mayor preocupación es el estado de la leche en polvo de la marca Cotar y las pasas de uva almacenadas en Villa Martelli, las cuales estarían próximas a expirar. Casanello ha pedido un informe sobre la distribución de estos productos para garantizar que no se desperdicien y lleguen a quienes los necesitan.
Convenios con provincias
En su nueva resolución, el juez solicitó además copias de los convenios suscritos con jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, relacionados con el plan de distribución de alimentos. Según lo informado por el ministerio el 1 de julio pasado, se debe remitir un informe sobre el avance de su ejecución, en caso de que haya comenzado.
Además, se requieren los remitos de entregas de alimentos realizadas a fines de mayo y un remito específico de 4.430 kilos de harina de maíz entregados a la organización Conin en la localidad de Capital Sarmiento.
Otras intimaciones judiciales
Durante la feria judicial de invierno, el Ministerio de Desarrollo Social fue intimado en dos ocasiones por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, para que cumpla con una medida cautelar que garantiza el derecho a la alimentación. Esta medida forma parte de un expediente impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en paralelo a la denuncia penal que está a cargo de Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, iniciada por el dirigente social Juan Grabois.
La situación expone la urgente necesidad de una distribución eficiente y transparente de alimentos para atender las necesidades de la población más vulnerable, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la gestión de estos recursos esenciales.