La Justicia mantiene cerrada desde marzo la planta de Atanor y hay 150 empleos que penden de un hilo
Unos 130 trabajadores directos y otros 20 indirectos de la fábrica de productos químicos Atanor, ubicada en San Nicolás, están en un estado de incertidumbre laboral debido a que desde marzo la Justicia mantiene la planta cerrada. Por ahora los empleados de allí están cobrando el 75% del salario que sin esa quita sería neto de bolsillo de 1.200.000 pesos. Con el cuadro de situación económica, el paisaje es de angustia.
Todo viene a cuenta de que el 20 de marzo, en el proceso de producción de la atrazina -que es un herbicida para utilizar en los campos- vuela una tapa del «agitador» que contiene unas paletas que al girar mezclan la materia prima. Ese tanque productivo está expuesto a altas temperaturas y presión por lo que por una falla técnica, que la Justicia investiga, hizo subir la temperatura que al volar la tapa esparció un polvillo blanco por dos barrios contiguos afectando a vecinos y a un trabajador de la planta que pertenece al sindicato.
Eso generó que la ONG medioambiental FOMEA presentara una denuncia ante la Justicia pidiendo la clausura de la planta entera; a lo que la Justicia dio lugar y aún mantiene cerrada. “La jueza no cerró solo la parte afectada sino que clausuró toda la planta, cuando la firma cumple con todos los requisitos de Seguridad laboral y medioambiental necesarios”, remarca Ricardo García, secretario General del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de San Nicolás; que alcanza también a las localidades Ramallo y Pergamino.
Y agrega: “Yo vivo hace 50 años a 5 cuadras de la fábrica y hace 42 que trabajo ahí; y todos mis compañeros obviamente somos vecinos y nadie está enfermo o contaminado a raíz de los herbicidas que se producen en Atanor”.
Del mismo modo, consigna que: “Cada 6 meses nos hacen controles de salud y no hay nadie enfermo; imaginate si trabajásemos en condiciones de insalubridad seríamos los primeros en denunciarlo”.
El sindicato viene realizando marchas frente a la planta para pedir que no cierre “y que la Justicia actúe con celeridad porque llevamos casi 4 meses sin trabajar y tenemos miedo a perder el empleo”, apunta García.