La Corte Penal Internacional emite órdenes de detención contra el ex ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor rusos
La Corte Penal Internacional anunció este martes haber emitido órdenes de arresto contra el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerasimov, y el ex ministro de Defensa, Serguéi Shoigú. Ambos son sospechosos de responsabilidad en crímenes de guerra, consistentes en dirigir ataques contra bienes civiles y en causar daños excesivos a la población civil, así como de la comisión de “actos inhumanos” en Ucrania, definidos en Estatuto de Roma, indicó la CPI en un comunicado.
El Estatuto de Roma es un tratado internacional que establece la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), la primera corte permanente encargada de juzgar a individuos por crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Fue adoptado en 1998 y entró en vigor en 2002.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó a la Sala la aprobación de estas órdenes de arresto, en las que acusa a Shoigú y Guerásimov de ser presuntos “responsables a nivel penal” de haber cometido esos actos criminales, ordenar su comisión y/o no ejercer el control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando para evitar la comisión de esos crímenes.
“Existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023”, señalaron los tres jueces que componen la Sala de Cuestiones Preliminares.
Durante ese período, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo “un gran número de ataques contra numerosas plantas de energía eléctrica y subestaciones en múltiples localidades” de Ucrania.
La Sala también ve “motivos razonables” para creer que “los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetos civiles, y que para aquellas instalaciones que podrían haber calificado como objetivos militares en el momento relevante, el daño colateral esperado a civiles y bienes civiles habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada”.
Además, denunció que “a presunta campaña de ataques constituye un curso de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal”, lo que hace creer que los sospechosos “causaron intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física, siendo así responsables penalmente del crimen de lesa humanidad”.
Aunque el contenido de las órdenes se emite como “secreto” para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones en curso, la Sala sí autorizó divulgar públicamente la existencia de estas órdenes de detención, así como el nombre de los sospechosos y los crímenes de los que se les acusa.
Estas dos órdenes de detención no son las primeras que emite la CPI en el contexto de la invasión rusa de Ucrania desde febrero de 2022. El pasado marzo, se ordenó el arresto de dos militares rusos, el teniente general de las Fuerzas Armadas Rusas Sergey Kobylash, y el almirante de la Armada Rusa, Viktor Sokolov.
Un año antes, la CPI ordenó el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, y la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por la deportación ilegal de menores ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma.
La orden de detención contra Putin, que no podrá hacerse efectiva (Moscú no reconoce al Tribunal) salvo que el presidente ruso viaje a algún país miembro de la CPI y este acepte detenerlo y enviarlo a La Haya -con el consiguiente riesgo de confrontación contra Rusia-, no tiene recorrido práctico más allá de alterar la ya limitada agenda de viajes de Putin.