El Concejo Deliberante de Paraná aprobó la adhesión de la ciudad a la “Ley Lucio”
Este martes el Concejo Deliberante de Paraná aprobó la adhesión a la Ley Nacional 27709, conocida como la “Ley Lucio”. Se trata de la norma que toma el nombre del niño pampeano de 5 años que fue asesinado por su madre y la pareja. Capacitaciones continuas a funcionarios y agentes relacionados con la niñez, y el resguardo de la identidad de los denunciantes son dos de los aspectos de la iniciativa que impulsó el Bloque Juntos por Entre Ríos.
El proyecto, impulsado por el Bloque de Juntos por Entre Ríos, establece la adhesión de la ciudad a la Ley Nacional N° 27.709 que dispone la creación de un Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Las capacitaciones están dirigidas al funcionariado público y al personal que se desempeña en organismos o dotaciones de los tres Poderes del Estado cuyas labores tengan incidencia directa con la niñez y la adolescencia.
“La idea es que cuenten con las herramientas necesarias para el reconocimiento de las situaciones de violencia y que sepan cómo proceder en esos contextos”, expresaron los ediles, quienes manifestaron que el proyecto de ordenanza “busca complementar los mecanismos ya establecidos por la normativa legal vigente y generar en el ámbito del municipio más herramientas para la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia”.
La adhesión a la ley nacional también dispone la elaboración de un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia. “Se apunta a unificar y coordinar los criterios de actuación para así brindar igualdad de acceso del niño, niña y adolescente a la Justicia”, expresaron desde Juntos por Entre Ríos.
Además plantea la realización de campañas de concientización que ayuden a detectar y prevenir el maltrato y violencia contra niños, niñas y adolescentes, y también la incorporación de la reserva de identidad, que protege a aquellas personas -que con conocimiento de alguna situación de maltrato infantil- realizan la denuncia.
Los concejales destacaron la aprobación del proyecto de ordenanza y resaltaron que “proteger a estos sectores vulnerables y garantizar su bienestar es un imperativo de los derechos humanos y requiere de un compromiso de todos los agentes políticos y sociales”.
“Con esta adhesión estamos dando un gran paso porque consideramos que la prevención de la violencia es una apuesta ética y una inversión necesaria para fortalecer el tejido social y crecer como Nación”, concluyeron.